El Consejo General de la Abogacía Española ha mostrado su satisfacción parcial porque la lucha que ha liderado durante mil días junto a los operadores jurídicos, partidos políticos, sindicatos y consumidores, en la calle y en las redes sociales, ha provocado que el Gobierno haya tomado, finalmente la decisión de eliminar las tasas judiciales para las personas físicas. Para evitar que miles de ciudadanos sigan sufriendo la violación de su derecho fundamental de acceso a la Justicia, la Abogacía reclama del Gobierno una solución transitoria inmediata que exima ya del pago de las tasas hasta que se apruebe por decreto ley.

Además, la Abogacía continúa defendiendo que, dentro del paquete de medidas que tratan de impulsar el crecimiento económico y la creación de empleo, la medida de supresión de las tasas se extienda también a las pequeñas y medianas empresas. La Abogacía ha defendido siempre la derogación de la Ley. No obstante, tras más de dos años de barreras al ejercicio del derecho de acceso a la Justicia de los ciudadanos y de vulneración del derecho fundamental de los ciudadanos al acceso a la justicia, esta medida supone acabar con una situación radicalmente injusta.

El compromiso de Rajoy es, en todo caso, un reconocimiento de la razón de la oposición contra las tasas liderada por la Abogacía en la que han participado, en la calle y en las redes sociales, todos los operadores jurídicos y la Plataforma Justicia para Todos, compuesta por sindicatos y asociaciones de consumidores y usuarios. Desde el Consejo General de la Abogacía se considera que el Gobierno, al revisar las tasas, es consciente de que el Tribunal Constitucional podría aceptar total o parcialmente los argumentos de los cinco recursos de inconstitucionalidad promovidos por el PSOE y por los Gobiernos de Andalucía, Cataluña, Aragón y Canarias, y de numerosas cuestiones de inconstitucionalidad planteadas por juzgados de lo social, de primera instancia y de la Audiencia Nacional. También la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, en un acuerdo de Pleno no jurisdiccional, estableció la no exigencia de tasas a los trabajadores.