El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso de los Diputados ha presentado una Proposición de Ley para regular el acceso a las profesiones de abogado y procurador, “con el fin de garantizar el derecho fundamental de los ciudadanos a recibir una defensa, representación y asistencia jurídica de calidad”.

Esta iniciativa se engloba en el Pacto de Estado para la Reforma de la Justicia, que ha impulsado un conjunto de medidas legislativas presididas por el objeto común de avanzar en la modernización de la Administración de Justicia. Es en este marco de reformas donde se inscribe esta nueva ley que busca, también, el establecimiento de un “sistema objetivo y riguroso de acreditación de aptitud profesional”.

Asimismo, el proceso de integración europea debe inspirar también, según asegura el PP, la regulación del acceso a las profesiones tituladas como presupuesto para la consecución de los objetivos políticos de la Unión Europea. La acreditación de conocimientos profesionales y deontológicos y la colegiación son condiciones que hoy exigen todos los Estados miembros, y prefiguran, por tanto, los elementos mínimos de un sistema homogéneo de habilitación para el ejercicio de la abogacía y la procura.

Así las cosas, la nueva ley regula el acceso a la abogacía y a la procura exigiendo la obtención de una acreditación de aptitud profesional, para lo cual deberá superarse una prueba que garantice objetivamente la posesión de conocimientos suficientes para el ejercicio de estas profesiones, o bien, superar un proceso formativo en las Instituciones homologadas al efecto por el Ministerio de Justicia. “La acreditación habilitará al abogado o procurador para el desempeño de las funciones de defensa, representación y asistencia jurídica que les son propias con un nivel de cualificación equiparable al requerido en los restantes Estados de la Unión Europea”, dice la Proposición de Ley del PP.

Además, la acreditación de aptitud profesional tendrá carácter oficial y será expedida, en todo caso, por el Ministerio de Justicia. La convocatoria de la prueba se realizará por el mismo Departamento, a propuesta de los Consejos Generales respectivos. La Administración General del Estado asume de esta forma la tutela de los principios inspiradores del proceso de selección, garantizando un sistema único y objetivo de acceso a la profesión para los abogados y procuradores en todo el territorio nacional.