Como consecuencia de las incertidumbres generadas en la

aplicación de la nueva Ley 10/2012, de 20 de noviembre, por la que se

regulan determinadas tasas en el ámbito de la Administración de

Justicia y del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses1,

hemos creído que era adecuado intentar recoger, desde un punto de

vista eminentemente práctico, los criterios que entendemos que son

más correctos para resolver en la práctica las cuestiones que la Ley

plantea. Esta necesidad se ha acentuado como consecuencia de la

publicación del Real Decreto-ley 3/2013, de 22 de febrero, por el que

modifica el régimen de las tasas en el ámbito de la Administración de

Justicia y el sistema de asistencia jurídica gratuita. Se ha atenuado en

cierta medida la mencionada Ley de tasas; por ello hemos querido

esperar a este momento, e incluir ya desde ahora las novedades que el

mencionado Real Decreto-ley incorpora.