El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha asistido este viernes, al término del Consejo de Ministros, al Pleno del Consejo General de la Abogacía Española para explicar las reformas legislativas que se abordarán en los próximos meses.

El ministro ha destacado la proximidad y entendimiento con la Abogacía y su apuesta por el diálogo en los proyectos normativos. Catalá ha analizado las mejoras en la tramitación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim), sobre todo en relación a la intervención judicial en las escuchas de las comunicaciones y la necesidad de la asistencia de letrado en la toma de pruebas de ADN. Su apuesta es mejorar y perfilar la LECrim para que no haya motivos de inconstitucionalidad. En relación al Código Penal, que se encuentra en tramitación en el Senado, el ministro ha destacado la mejora de los tipos delictivos.

Respecto a la Ley de Jurisdicción Voluntaria, que entrará en breve a debate parlamentario, se potenciará el principio de alternatividad, para que los ciudadanos tengan más opciones de elección.

Sobre la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita, Catalá ha asegurado que el proyecto de ley se está revisando sustancialmente, en base al principio de colaboración y leal confianza con los Colegios de Abogados que prestan el servicio. En próximas fechas la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados abordará el nuevo proyecto para buscar una fórmula razonable y equilibrada que ofrezca soluciones a las discrepancias existentes actualmente.

TASAS JUDICIALES

En relación a la reforma de las tasas judiciales, Catalá ha asegurado que en febrero, en “dos o tres semanas”, se adoptaran las medidas normativas para una revisión que supondrá una aproximación a los planteamientos de la Abogacía y que serán más beneficiosas para los ciudadanos que en la situación actual.

De esta forma, el ministro de Justicia busca una propuesta que sería más coherente con la legislación existente en 2003 que con la actual.

En relación al anteproyecto de Ley de Servicios y Colegios Profesionales, Catalá ha reconocido que esta norma no está descartada, pero que no se encuentra entre las prioridades del Consejo de Ministros.