Vendido como el proyecto estrella del Ministerio de Justicia y del ministro Rafael Catalán, la digitalización de los procesos judiciales y la erradicación del papel en los juzgados está más cerca del fracaso que del éxito. La implantación del objetivo papel cero, que arrancó el pasado 1 de enero y debe concluir este verano, no solo está incumpliendo sus plazos y metas, sino que ha generado críticas de la mayoría de operadores jurídicos e, incluso, ha hecho aumentar el gasto de papel.

Ante la evidencia de que la conexión electrónica de los agentes judiciales no se está llevando a cabo tal y como estaba previsto, el Grupo parlamentario Vasco del Congreso de los diputados presentó una proposición no de ley -respaldada el martes pasado por todos los grupos excepto el PP- para que el Comité Técnico Estatal de la Administración de Justicia Electrónica (CTAJE) comparezca con urgencia en la cámara e informe sobre “la inseguridad jurídica” derivada de la implantación del sistema de notificación telemática Lexnet. La petición del PNV obedece a la constatación de que la implantación del Expediente Judicial Electrónico “es deficiente por no haber tenido suficientemente en cuenta cuestiones técnicas, culturales y económicas” y que los plazos fijados para su implantación “no fueron adecuadamente realistas”.

Esta iniciativa parlamentaria (proposición no de ley) no fue la única que abordó el fiasco en la digitalización de la Justicia, ya que Ciudadanos defendió otra -que no salió adelante- solicitando una moratoria en el uso exclusivo de Lexnet para las comunicaciones judiciales.

improvisación En los tres meses de funcionamiento de papel cero han llovido las quejas por falta de medios y adecuación de los existentes en los juzgados, por las dificultades técnicas y deficiencias del sistema -Lexnet-, por los parones, la falta de planificación y la improvisación generalizada. Abogados, jueces, fiscales y secretarios judiciales han criticado la implantación del papel cero aunque han reconocido que la digitalización de la Justicia es un objetivo irrenunciable. De hecho, al establecer la fecha del 1 de enero de 2016 como arranque de la digitalización el Gobierno español cumplía un mandato de la Ley de Enjuiciamiento Civil que establece que todos los asuntos judiciales entre los profesionales se comuniquen de forma telemática, lo que supondrá el fin del papel en los juzgados y tribunales.

Mikel Legarda, portavoz de Justicia del Grupo Parlamentario Vasco, señaló que “las dificultades técnicas sobrevenidas, la falta de recursos económicos suficientes para tan gran empresa modernizadora y, en ocasiones, la presencia de reticencias culturales arrojan una foto de incumplimientos y desviaciones de lo planificado”. Todo esto -dijo el diputado del PNV- ha provocado “deficiencias en el proceso de implantación de los medios telemáticos en la Administración de Justicia” y requiere que se lleve a cabo con carácter urgente una reevaluación del proyecto.

“Para intentar comprender cómo se está intentando digitalizar nuestra Justicia no hay más que ver cómo todos los agentes están de acuerdo en que está siendo un auténtico caos”, dijo Joaquim Bosch, de Jueces para la Democracia, meses después de que el Ministerio vendiera unos avances inexistentes en la transformación digital de la Justicia española. Para Rafael Catalá, sin embargo, las cosas no van tan mal y la semana pasada recordó que desde que se implantó el sistema los trámites judiciales se han reducido en 41 días “a golpe de clic” y no “a golpe de carrito lleno de papeles”, como antes. Catalá también dijo que mientras él sea ministro no habrá suspensiones ni moratorias en el proceso.

Más allá del voluntarismo ministerial, el balance a los tres meses de la implantación del papel cero es que todos los sectores de la Justicia se han rebelado contra Lexnet y muchos piden una moratoria ante “la escasez de medios materiales y personales, la falta de formación en los juzgados o el problema de interoperabilidad entre los diferentes sistemas de la Administración central y las comunidades autónomas”.

campañas En la plataforma change.org hay hasta cinco campañas relacionadas con la implantación de Lexnet. La titulada No hagáis pagar el pato de la digitalización de la Justicia a los ciudadanos lleva recogidas más de 20.000 firmas. En ella se señala que “desde el 1 de enero de 2016, los profesionales de la Justicia -abogados y procuradores- estamos obligados a presentar todos nuestros escritos y documentos a través de un sistema telemático llamado Lexnet. No habría ningún problema con este nuevo sistema, si no fuera porque Lexnet no funciona: sistemas de gestión incompatibles entre sí en algunas Comunidades Autónomas, repetición de trámites (en papel y por vía telemática), falta de información y formación sobre el nuevo sistema, capacidad muy limitada para subir archivos… Hacen falta medios tecnológicos en la Justicia (y muchos) pero medios que funcionen adecuadamente. Al final, en lugar de facilitar el funcionamiento de la Justicia, Lexnet lo está embarrando todo un poco más. Y el que paga el pato no somos sólo los profesionales, sino el ciudadano de a pie, que queda en una situación de inseguridad jurídica total. Lexnet es una buena idea y puede cambiar para siempre nuestro sistema judicial. Pero, por hacer las cosas rápido y con fines propagandísticos, está teniendo el efecto contrario. Por eso pedimos (...) la suspensión inmediata o moratoria de la obligatoriedad de usar Lexnet”.

Los fallos técnicos de Lexnet en las primeras semanas fueron tal desastre que provocaron el cese del subdirector de Nuevas Tecnologías del Ministerio de Justicia, responsable directo de planificar y coordinar la implantación de papel cero en los órganos judiciales.

A finales de diciembre de 2015, con motivo del anuncio por parte del Ministerio de Justicia de la implantación del proyecto papel cero, los responsables vascos de Administración de Justicia ya puntualizaron que el ritmo de digitalización en Euskadi sería más lento y acompasado. Entonces Catalá citó a Euskadi, junto a Catalunya y Cantabria como las comunidades que no cumplirían totalmente con el objetivo papel cero, ya que en aras de la eficiencia y para lograr una digitalización efectiva el País Vasco se había planteado plazos más amplios, que ahora están demostrando ser más realistas.

Según informó el departamento de Administración Pública y Justicia, el Gobierno Vasco ha creado un aplicativo informático, propio y diferenciado, para gestionar toda la comunicación telemática entre los profesionales del ámbito jurídico vasco: JustiziaSip. Esta aplicación está plenamente integrada en JustiziaBat, el sistema de gestión procesal diseñado por el Ejecutivo para tramitar todos los expedientes judiciales. La previsión del departamento es que a lo largo de este mes de abril todas las comunicaciones judiciales realizadas en Euskadi utilicen la vía telemática.

Según el magistrado Edmundo Rodríguez Achutegui, coordinador de Jueces para la Democracia-Euskadi, las comunicaciones telemáticas entre los profesionales de la Justicia -jueces, abogados, procuradores- que ya están funcionando en Euskadi, solo son un paso hacia el objetivo del expediente digital, que requiere unos medios y una capacidad técnica “importantísima”.