Diecinueve mujeres han sido asesinadas por sus parejas o exparejas en lo que va de 2016, más del doble que hace un año. Casi cada día se repite una letanía trágica en los medios de comunicación: las circunstancias de la muerte, la relación con la pareja o expareja, la existencia o inexistencia de denuncia, si existe o no orden de protección, y la recomendación final de llamada al 016, el teléfono contra el maltrato. Casi siempre al final de un informativo o en un pequeño espacio en los periódicos.

Desde 2003, cerca de 900 mujeres han sido víctimas de lo que muchos llaman “terrorismo machista” y sin embargo la rutina informativa y estadística parecen contribuir a la normalización de unos hechos que más bien deberían escandalizarnos cada vez que se producen. La violencia contra las mujeres no es “un problema de mujeres”, es un síntoma gravísimo de una sociedad tremendamente desigual y por tanto nos atañe a todos. No basta con condenar los asesinatos y hacer llamamientos al trabajo coordinado: su erradicación es una cuestión de Estado.

La LO 1/04 de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, en vigor desde hace más de una década, ha recibido reconocimientos internacionales por hacer el abordaje integral más revolucionario para erradicar la violencia sobre las mujeres.  Sin embargo, se han ido detectando lagunas que se han intentado paliar con múltiples reformas legales (Código Penal, LECrim, Estatuto de la Víctima, Ley de Protección de la Infancia, Ley de Jurisdicción Voluntaria, entre otras).

Gracias a la Ley y a la toma de conciencia social y política, decenas, cientos de mujeres han logrado escapar de este infierno cotidiano y rehacer sus vidas en paz, lejos de sus agresores. Pero hay que hacer más, mucho más.

Está claro que la respuesta penal por sí sola, por muy contundente que sea, no es suficiente. Las víctimas  necesitan protección y tienen derecho al amparo de la Justicia. Según las estadísticas oficiales, tres cuartas  partes de las mujeres asesinadas en estos años por sus parejas o exparejas no habían denunciado. ¿Quizá porque no confiaban en la justicia? ¿En qué estamos fallando? Debemos abordar esta cuestión con valentía. Desde el Consejo General de la Abogacía, y desde su Subcomisión de Violencia, llevamos años reivindicando que las mujeres tengan asesoramiento letrado antes de interponer la denuncia. Es necesario que conozcan las consecuencias que ésta tendrá para su vida y el proceso legal que se abre en ese momento. Es necesario que acrediten el maltrato sufrido para que los autores sean condenados con todas las garantías.

Por eso nos sorprende y nos indigna que se pretenda asignar la asistencia jurídica a víctimas de violencia mirando solo a quien hace la oferta económica más barata, como está ocurriendo en Aragón, y no a quienes tienen acreditada experiencia y sólido conocimiento de esta materia, como son los abogados y abogadas especialistas de los Colegios de Abogados.

En la Abogacía, trabajamos en la imprescindible labor de formación, concienciación y sensibilización de los abogados y abogadas que asisten a las víctimas.  Intentamos ayudar a construir una sociedad mejor, respondemos con la mejor voluntad y pericia a cuantas iniciativas se nos proponen y compartimos algunas de nuestras experiencias profesionales en talleres para niños, niñas y adolescentes en Colegios e Institutos. Porque sabemos la importancia que tiene la prevención para acabar con la violencia sobre las mujeres, y esa prevención sólo puede venir de la mano de una educación en igualdad.

En nuestras manos, en las de todos sin excepción, está evitar que muera una sola mujer más.