La Abogacía rechaza la aplicación del IVA a las actuaciones del Turno de Oficio
Fecha: 2017-02-23
(fuente: CGAE)
La reivindicación de un #TurnoOficioSinIVA ha unido a la Abogacía y se ha convertido en trending topic nacional desde primera hora de la mañana. Tanto desde las cuentas de Twitter del Consejo General de la Abogacía, como de los distintos Colegios de Abogados y desde las cuentas de los abogados se han publicado mensajes recordando, por ejemplo, que la Justicia Gratuita es un derecho y no una mercancía, que es garantía de tutela judicial efectiva de quienes no tienen recursos para reclamar sus derechos o que es un servicio público como la sanidad o la educación.
El pasado 25 de enero la Dirección General de Tributos del Ministerio de Hacienda cambió el criterio vigente desde 1986 estableciendo que el servicio público prestado por los abogados del Turno de Oficio a los beneficiarios del derecho a la asistencia jurídica gratuita se encuentra sujeto y no exento del IVA. La decisión se adoptó con base en una reciente sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que ha impuesto un 21% de IVA a los servicios prestados por abogados en el sistema de asistencia jurídica gratuita en Bélgica.
La Comisión Permanente del Consejo General de la Abogacía Española reunida en Barcelona en sesión celebrada el viernes 17 de febrero de 2017, y tras abordar el cambio de criterio que establece la aplicación del IVA al Servicio de Asistencia Jurídica Gratuita reclamó la suspensión inmediata del nuevo criterio de interpretación de la Dirección General de Tributos, para evitar perjuicios a los ciudadanos y a los abogados adscritos al Turno de Oficio.
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Consejos y Colegios de Abogados de toda España solicitan hoy por carta al ministro de Hacienda que rectifique y retire el nuevo criterio interpretativo de la Dirección General de Tributos.
Ante el cambio de criterio de la Dirección General de Tributos (DGT) en relación a la fiscalidad del Turno de Oficio, y concretamente en la aplicación del impuesto del IVA, la Abogacía Catalana reclama la suspensión inmediata de la aplicación del IVA al sistema de asistencia jurídica gratuita para evitar perjuicios a ciudadanos y abogados.
El Colegio de la Abogacía de Barcelona (ICAB) ha exigido la suspensión inmediata de la aplicación de este impuesto que gravaría las actuaciones de los abogados y abogadas que prestan el servicio del Turno de Oficio. Defienden que se trata de un servicio que se presta para garantizar el derecho a la tutela judicial efectiva de las personas que tienen el beneficio de la justicia gratuita. Por este motivo Oriol Rusca, decano del Colegio de Barcelona, afirma que “una de las cosas que no entendemos y que nos preocupa es que el Servicio de Asistencia Gratuita que prestamos tenga que estar sujeto al IVA como si fuera una operación mercantil más. El Turno de oficio no es un mercado, ni los derechos y libertades son meras mercancías”.
En el marco del Acto de Homenaje a los abogados y abogadas que cumplen 25, 50 y 75 años de colegiación, celebrado el viernes 17 de febrero, ante un auditorio de más de 1.000 personas, entre las cuales había numerosas autoridades del mundo jurídico –entre ellas el ministro y el ‘conseller’ de Justicia’- y del Gobierno, tanto Rusca como la presidenta del Consejo general de la Abogacía Española, Victoria Ortega, mostraron de nuevo su disconformidad con el cambio de criterio en la fiscalidad del IVA.
Además, el decano del ICAB remitirá una carta al ministro de Hacienda y Función Pública, Cristóbal Montoro, en la que le traslada su malestar y preocupación ante este cambio de criterio y le pide la suspensión inmediata de su aplicación.
El Colegio de Abogados de Cantabria ha reclamado la “suspensión inmediata” de la consulta vinculante publicada por la Dirección General de Tributos el 25 de enero, por el que el servicio de asistencia jurídica gratuita, hasta ahora exento, pasa a estar sujeto al 21% de IVA.
El decano del Colegio, Andrés de Diego, ha dicho que el pago del IVA en la justicia gratuita “pone en riesgo” este servicio, ya que supone “burocratizar” el sistema, y podría repercutir en la negociación para actualizar las retribuciones que paga el Gobierno regional. Además ha advertido que si la justicia gratuita está sometida al IVA se producirá un incremento de los costes que asume la Administración, en este caso la Consejería de Presidencia y Justicia de Cantabria, que es la que abona a los abogados por este servicio al estar transferidas las competencias.
El Colegio de Valladolid también ha querido sumarse a la petición de la Abogacía Española al Gobierno de la suspensión inmediata de la aplicación del IVA al Turno de Oficio. El ICAVA, mediante un comunicado, ha asegurado que, a los ciudadanos, la Abogacía «nunca les dejará desasistidos» y ha adelantado que pondrán en marcha «todos los recursos legales, sociales y políticos para llevarlo a cabo». Reclamando la suspensión inmediata de la aplicación del IVA al Turno de Justicia Gratuita, y argumentando que el cambio de criterio en este aspecto pone en riesgo una ejemplar estructura organizativa y única en Europa.
En Córdoba, la diputada responsable de la Comisión de Turno de Oficio, María del Carmen Bohollo Hidalgo, y distintos miembros de la Junta de Gobierno del Colegio de Abogados de Córdoba, ofrecerán una rueda de prensa a lo largo de la mañana en la sede colegial para informar sobre la postura de la Abogacía en contra de la consulta vinculante de la Dirección General de Tributos que establece que el servicio público prestado por abogados a los beneficiarios del derecho a la asistencia jurídica gratuita se encuentra sujetos y no exentos del IVA.
El Colegio de Abogados de Ciudad Real ha manifestado en un comunicado que la Abogacía tiene la obligación constitucional de garantizar la prestación continuada del Servicio de Asistencia Jurídica Gratuita a los ciudadanos que carecen de recursos, garantizando el acceso a la justicia en condiciones de igualdad para todos. Haciendo hincapié en que este cambio de criterio pone en riesgo el sistema público vigente, burocratiza de manera importante la prestación del servicio por los abogados y hace peligrar una estructura organizativa ejemplar y única en Europa. Además, supondría, para las arcas del Estado y de las Comunidades Autónomas, que serían las obligadas a costear ese 21 % de IVA, un cargo extraordinario de más de 50 millones de euros anuales, sin necesidad alguna y sin beneficio real para el ciudadano.
Así, el Colegio de Abogados de Ciudad Real se une a toda la Abogacía española y reclama la suspensión inmediata de la aplicación del IVA al sistema de asistencia jurídica gratuita para evitar perjuicios a los ciudadanos y a los abogados, así como que se aborden las reformas necesarias para garantizar la prestación de este servicio no sólo con eficiencia y eficacia, como hasta ahora, sino con la dignidad que merecen los 43.000 abogados adscritos en toda España al Turno de Oficio, 300 en Ciudad Real, quienes lo realizan 24 h al día y 365 días al año con compromiso y de forma ejemplar. Esta exigencia se efectúa tanto al Gobierno como a los partidos políticos para que la apoyen.
El Colegio de Abogados de Jaén ha denunciado que la intención del Gobierno de aplicar el IVA al Turno de Oficio supone un nuevo e innecesario ataque al sistema de Justicia Gratuita en nuestro país. En este sentido, la entidad colegial recuerda que el Turno de Oficio es un servicio público de carácter social, sin elección de cliente y con baremos públicos previamente establecidos fijados por la Administración, y encomendado con carácter obligatorio a la Abogacía institucional. Por ello, “carece de toda lógica que se pretenda gravar con un impuesto como el IVA”, explica el decano del Colegio de Abogados de Jaén, Vicente Oya.
El Colegio de Sabadell, ha calificado el cambio de criterio como un “nuevo e innecesario ataque a la Justicia Gratuita y al Turno de Oficio”. Por legalidad, razonabilidad y eficiencia, el Colegio de Abogados de Sabadell y todos los abogados y abogadas que lo integran piden en un comunicado que se suspenda la aplicación de esta norma de forma inmediata y que no se grabe el Turno de Oficio con el IVA. Además reclama a los partidos políticos apoyo para esta medida que califican de estricta justicia.
El Colegio de Abogados de Salamanca se ha sumado a la demanda de la Abogacía Española que reclama al Gobierno la suspensión inmediata de la aplicación del IVA al Turno de Oficio. Para el Icasal se trata de una decisión que “cuestiona” la Justicia Gratuita como garantía del derecho a la tutela judicial efectiva de las personas que carecen de recursos para litigar.
El Colegio de Huelva ha organizado una rueda de prensa para reclamar la suspensión inmediata de la consulta vinculante publicada por la Dirección General de Tributos el 25 de enero, por el que el servicio de asistencia jurídica gratuita pasa a estar sujeto al 21% de IVA.
El Colegio de Cartagena ha anunciado movilizaciones para frenar el intento del Ministerio de Hacienda de aplicar en España la obligación de pagar el IVA en el turno de oficio. El responsable del Turno de Oficio del Colegio, Miguel Pouget Bastida, sostiene que «el sistema belga no tiene naturaleza pública y obligatoria y está basado en un régimen de naturaleza distinta al modelo público español de asistencia jurídica gratuita. Por tanto, esta norma fiscal no debe ser aplicada en España».
El decano del Colegio de Murcia, Francisco Martínez Escribano, tiene claro que el turno de oficio «no está sujeto al IVA» y no descarta movilizaciones si prospera su aplicación, aunque confía en que el Ejecutivo reconsiderará sus planes.
También el decano del Colegio de Abogados de Lorca, Ángel García, recordó que este servicio lleva «casi 150 años» sin tributar y asegura que «el turno de oficio de España no tiene nada ver con el de Bélgica».
Los Abogados de Málaga consideran que es un paso más para privatizar la Justicia Gratuita y muestran su rotundo rechazo a la medida. El decano del Colegio de Málaga, Francisco Javier Lara, lo considera una “auténtica aberración” y recuerda que el IVA es un impuesto que grava al consumo y al consumidor, y, por tanto, en este el cliente de los abogados de oficio, el beneficiario de Justicia Gratuita, personas sin recursos o con ingresos moderados. «No puede estar gravado con el IVA», sentencia.
El Colegio de Abogados de Guadalajara ha manifestado su total oposición a que la Asistencia Jurídica Gratuita esté sujeta al pago de IVA. Según señala el decano del órgano colegial de Guadalajara, Emilio Vega Ruíz, “el acceso universal a la justicia es un elemento esencial del Estado de Derecho que siempre debe ser protegido”.
En el Colegio de Abogados de Gipuzkoa ha organizado una rueda de prensa para informar sobre el Turno de Oficio, en la que participarán la decana del Colegio, Lourdes Maiztegui, y el Vicedecano, Gerardo López. Defienden desde el twitter del Colegio que la Justicia Gratuita es un derecho y no una mercancía.
El Colegio de Soria ha reclamado que no se grave el turno de oficio con el IVA y que se aborden las reformas necesarias para garantizar la prestación de este servicio «no sólo con eficiencia y eficacia, como hasta ahora, sino con la dignidad que merecen quienes lo realizan cada día con compromiso y de forma ejemplar». Este órgano explicó ayer en un comunicado que el «último problema surgido en este servicio», que en Soria desempeñan 42 abogados, es el cambio de criterio interpretativo de la ley del IVA por parte de la Dirección General de Tributos que establece la aplicación de este impuesto, en concreto del 21%. «Ese aumento del gasto en un 21% no sólo pone en riesgo el sistema público vigente que garantiza el acceso a la Justicia en España en condiciones de igualdad para todas las personas, sino también la estructura organizativa ejemplar y única en Europa que lo hace posible».
El Colegio de Abogados de Ávila ha criticado «el cambio de criterio interpretativo de la ley del IVA por parte de la Dirección General de Tributos que establece la aplicación de este impuesto al Servicio de Asistencia Jurídica Gratuita». Desde el Colegio se recuerda que «la medida no sólo aumenta profundamente la burocratización del servicio y el trabajo de quienes lo prestan sino que supone un cargo extraordinario a las arcas de las administraciones públicas de más de 50 millones de euros anuales».
Desde el Colegio de Abogados de Tarragona y desde el Colegio de Reus, han rechazado y se oponen al cambio de criterio y recuerdan que “este servicio ha sido un derecho que hemos protegido, es una función social de la cual disfrutan personas que no tienen recursos, y además es pública”.
Para el Colegio de Badajoz es necesaria la «suspensión inmediata de la aplicación del IVA a la justicia gratuita», así lo ha expresado Filomena Peláez, decana del Colegio. Recuerda además que sobre la abogacía «pesa la obligación irrenunciable» de garantizar la asistencia jurídica gratuita y, en definitiva, «el derecho a la tutela judicial efectiva de quienes carecen de recursos para litigar».
El decano del Colegio de Abogados de Pamplona, Santiago González Recio, ha subrayado que este «no es un servicio libre ni en su contratación ni en su precio, sino un servicio público y social» y alertó de que la justicia gratuita «es una de las inversiones en paz social más importantes en un Estado de Derecho» y, por ello, solicitó al Ministerio de Hacienda que no aplique el 21 por ciento del IVA a los casos de turno de oficio.
El Colegio de Abogados de Segovia ha reclamado la suspensión inmediata de la aplicación del IVA al turno de justicia gratuita, y ha argumentado que el cambio de criterio en este aspecto «no solo pone en riesgo el sistema público vigente que garantiza el acceso a la Justicia en España en condiciones de igualdad para todas las personas, sino también una ejemplar estructura organizativa y única en Europa». El decano del Colegio de Abogados, Julio G. Sanz Orejudo, afirma que los ciudadanos que tienen derecho a la justicia gratuita «pueden estar tranquilos, porque la Abogacía nunca les dejará desasistidos», y ha adelantado que pondrán en marcha «todos los recursos legales, sociales y políticos para que se respeten los derechos de los ciudadanos y de los abogados del turno de oficio».
El decano del Colegio de Gijón, Sergio Herrero Álvarez, en un artículo en La Voz de Avilés, ha reivindicado que esa medida no solo aumenta profundamente la burocratización del servicio y el trabajo de quienes lo prestan, sino que supone un cargo extraordinario a las arcas de las Administraciones públicas, de más de 50 millones de euros anuales, sin necesidad alguna y sin beneficio real para el ciudadano.
El Colegio de Abogados de Ceuta ha denunciado este miércoles en una nota de prensa la perpetración de “un nuevo e innecesario ataque a la Justicia Gratuita y al Turno de Oficio”. Según han detallado, “ese aumento del gasto en un 21% no sólo pone en riesgo el sistema público vigente que garantiza el acceso a la Justicia en España en condiciones de igualdad para todas las personas, sino también la estructura organizativa ejemplar y única en Europa que lo hace posible.
La Abogacía Valenciana, entidad que agrupa los ocho colegios de abogados de la Comunidad Valenciana: Alcoy, Alicante, Alzira, Castellón, Elche, Orihuela, Sueca y Valencia, se ha pronunciado totalmente en contra de que el servicio que prestan los abogados del Turno de Oficio esté sujeto a IVA, como pretende la Dirección General de Tributos, dependiente del Ministerio de Hacienda y Función Pública.
El Colegio de León ha exigido, mediante un comunicado de prensa, la «suspensión inmediata» de la aplicación del IVA en las actuaciones del turno de oficio ya que considera que gravaría las actuaciones de los abogados que prestan este servicio de asistencia jurídica gratuita. No entienden que el Servicio de Asistencia Gratuita que prestan tenga que estar sujeto al IVA como si fuera una operación mercantil más».
El Colegio de Abogados de Vigo ha suscrito un comunicado denunciando el “nuevo e innecesario ataque” a la justicia gratuita que supone la aplicación del IVA a los letrados de oficio. “Nuestro sistema es distinto ya que es de naturaleza pública y obligatoria”, ha dicho la decana del colegio vigués, Lourdes Carballo, que señala que la justicia gratuita es un “pilar fundamental” del estado de Derecho.
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