El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha presidido hoy la Conferencia Sectorial con los consejeros de Justicia de las comunidades autónomas que cuentan con competencias transferidas en la materia, reunión en la que les ha transmitido la propuesta de su departamento de crear un total de 89 unidades judiciales distribuidas en todo el territorio nacional en función a las cargas de trabajo de los órganos judiciales en funcionamiento y destinadas a priorizar las necesidades de carácter estructural.

Estos 89 nuevos órganos judiciales se corresponderán con 3 plazas de magistrado en órganos colegiados y 86 juzgados, en lo que supone el mayor esfuerzo de creación de unidades judiciales desde el año 2014.

Estas 89 plazas se suman a las 16 de magistrado cuya creación aprobó el pasado mes de marzo el Consejo de Ministros para hacer efectiva la segunda instancia penal. En la práctica esto supone la creación de un total de 105 nuevas plazas por parte del Gobierno durante este ejercicio. Un proceso que culminará el próximo mes de septiembre cuando el Consejo de Ministros apruebe mediante Real Decreto la creación de estas nuevas unidades judiciales. Es en este contexto de dotación de recursos necesarios para una Justicia ágil, eficaz y al servicio del ciudadano, ha explicado el ministro, en el que se debe seguir avanzando.

Catalá ha destacado que para la creación de estas nuevas plazas se han tenido en cuenta los datos recogidos en las memorias de los tribunales superiores de Justicia, las solicitudes de diferentes colegios profesionales, los datos objetivos planteados por los índices de litigiosidad de cada territorio, así como las propuestas de las comunidades autónomas.

Igualmente y con el análisis de la evolución de la pendencia en diferentes asuntos, según datos objetivos facilitados por el Consejo General del Poder Judicial, se ha determinado crear 58 juzgados de primera instancia, 11 de primera instancia e instrucción, seis de lo mercantil, cuatro de lo social, cuatro de lo penal, dos de lo contencioso-administrativo y uno de vigilancia penitenciaria.

La distribución de esas nuevas 89 unidades judiciales propuesta por el Ministerio de Justicia es la siguiente:

Ante esta programación de creación de unidades judiciales, Catalá ha reafirmado el compromiso del Gobierno por una apuesta decidida en la mejora de la calidad, la agilidad y modernización de nuestra Administración de Justicia entendida como un servicio al ciudadano y al conjunto de la sociedad. En este ámbito, el ministro ha resaltado que los presupuestos de su departamento han aumentado en los últimos tres años en los que se ha producido un incremento cercano al 17%, destacando el crecimiento del 7,7% en 2017, hasta alcanzar una cifra total de 1.700 millones de euros.

Asimismo, ha destacado que la Oferta de Empleo Público 2017 para la Administración de Justicia incluye 3.704 plazas para funcionarios, 100 plazas para jueces y fiscales y 20 para abogados del Estado, a las que se suman las 50 de registradores y 94 de notarios cuyas oposiciones se están desarrollando en este momento.

SISTEMA DE GESTIÓN PROCESAL COMÚN DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

En la reunión de la Conferencia Sectorial se ha evidenciado la necesidad de impulsar el camino hacia un sistema de gestión procesal común en el seno de la Administración de Justicia, adoptando las acciones necesarias para poner en marcha el proyecto.

Actualmente existen nueve sistemas procesales diferentes por lo que es muy complicado cumplir en toda España con unos principios básicos de coordinación, cooperación y reutilización de soluciones. Si bien el ministro ha reconocido el esfuerzo en inversiones realizado por las diferentes comunidades autónomas, ha recordado la importancia de trabajar a futuro por un sistema común en el que todas las administraciones puedan converger con el fin de conseguir para todos los usuarios de cualquier territorio un mismo servicio.

El Ministerio de Justicia ha propuesto un sistema de gestión procesal común avanzado tecnológica y funcionalmente, que garantice la máxima eficiencia y ahorro de costes para todas las administraciones. Para ello, este departamento se ha ofrecido a hacer un esfuerzo extra asumiendo la mayor parte de los costes, entre los que se incluyen la construcción y el desarrollo de las infraestructuras necesarias.

Para llevar a cabo este proyecto y seguir apostando por la transformación digital de la Justicia que la sociedad demanda, el Ministerio ha propuesto la distribución de un crédito de 6 millones de euros entre las diferentes comunidades autónomas, basándose en criterios de población, litigiosidad y planta judicial. La distribución es la siguiente:

Esta dotación económica servirá para financiar los gastos e inversión necesarios para abordar la transformación digital necesaria en el ámbito de cada comunidad autónoma. Las líneas de actuación al respecto hacen referencia a la adecuación de los puestos de trabajo con la adquisición de los equipos necesarios, la digitalización para sustituir el papel por documentos plenamente digitalizados, la mejora de las comunicaciones en especial en las conexiones con el Ministerio de Justicia para avanzar en la velocidad y robustez y la mejora de los niveles de seguridad en general.

A esta reunión han asistido diferentes representantes del Ministerio de Justicia, del Ministerio de Presidencia y para las Administraciones Territoriales, así como de las comunidades que tienen transferida la competencia en Justicia como son País Vasco, Cataluña, Galicia, Comunidad Valenciana, Canarias, Andalucía, Comunidad Foral de Navarra, Comunidad de Madrid, Principado de Asturias, Cantabria, Aragón y La Rioja.