La reestructuración supondrá un coste de 100 millones de euros y la reforma de 22 leyes, con el objetivo de modernizar la Justicia

El ministro de Justicia, Juan Fernando López Aguilar, presentó hoy el plan de implantación de la nueva oficina judicial, una reestructuración en profundidad de los medios humanos y materiales que se emplean en los juzgados, con la finalidad de modernizar este servicio y hacerlo más eficaz. El Ministerio ha proyectado reformas que comenzarán a aplicarse en 2006 en las nueve comunidades autónomas cuyas competencias en Justicia todavía dependen del Gobierno central.

Durante la rueda de prensa que ofreció hoy, el titular de Justicia cifró en 100 millones de euros el coste de la reforma entre 2006 y 2008 en lo que respecta a los territorios de gestión ministerial, y explicó que en el resto de regiones "las comunidades autónomas deberán emplearse por su parte", aunque se pactará con ellas "para evitar las decisiones que puedan adoptarse puedan perjudicarles presupuestariamente".

Los cambios, sin embargo, se adelantarán con la presentación a finales del próximo mes en el Consejo de Ministros de un proyecto "de 1.000 folios" que supondrá la reforma de un total de 22 leyes y de los actuales reglamentos de ingreso, promoción profesional y disciplinario de los funcionarios y del Orgánico del Cuerpo de Secretarios Judiciales, la figura sobre la que "pivotará" toda la reforma proyectada.

López Aguilar dijo los ciudadanos "detectan que la Justicia no funciona bien", y reconoció que la nueva Oficina judicial "no resolverá de golpe sus males endémicos", si bien su departamento considera que los cambio son "capitales" para la modernización de este servicio público.

La implantación de la Nueva Oficina permitirá a los jueces desligarse de las labores burocráticas para dedicarse a la función de resolver litigios. Para ello será clave el secretario judicial, una figura que según el ministro actualmente "está desaprovechada", y que será quien a partir de ahora se ocupe de la documentación de expedientes, calendario de juicios o ejecución de las resoluciones dictadas.

DESTERRAR LOS LEGAJOS.

Otro de los puntos claves de la reforma será la modernización informática de los juzgados, con el fin, según López Aguilar, de "desterrar el formato papel de la Administración de Justicia y pasar al formato electrónico, a la altura de las posibilidades tecnológicas del siglo XXI".

Para ello, a partir del verano se comenzará a implantar el programa informático 'Lexnet', que permitirá la presentación de escritos en los tribunales por medios telemáticos; al que seguirá el proyecto 'Infored' para realizar inscripciones informatizadas en el Registro civil.

El ministro insistió en que la nueva oficina judicial supone el cumplimento del programa electoral del PSOE y de una reforma a acordada por ley Orgánica de Poder Judicial de 2003. Dijo que también se persigue adaptar la organización de la Justicia "al diseño constitucional del Estado autonómico", teniendo en cuenta que aún existen comunidades a las que no se ha transferido esta competencia, a pesar de que figura en sus respectivos estatutos.

Entre las Leyes a reformar, el Ministro citó la Orgánica del Poder Judicial, de Enjuiciamiento Civil y Criminal, la ley de Procedimiento Laboral y de Jurisdicción Contencioso-Administrativa, del Jurado, Penal de los Menores, de Régimen Electoral, de Asistencia Jurídica Gratuita y de Asistencia a las Victimas de delitos Violentos y contra la Libertad Sexual.

"EXPERIENCIAS PILOTO".

López Aguilar explicó que en 2006 la nueva oficina judicial comenzará a implantarse como "experiencia piloto" en 11 partidos judiciales y un total de 244 órganos judiciales dependientes del Ministerio, lo que afectará a 2.600 funcionarios. A partir de ese momento serán las restantes comunidades autónomas con competencias judiciales las que deberán desarrollar su propio plan de implantación.

El proyecto piloto afectará a Aragón (58 juzgados), Zaragoza (58), Palma de Mallorca (58), Burgos (29), Logroño (17), Santander (17). Ciudad Real (15), Cáceres (14), Avilés (Asturias) (11), Murcia (12). Las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla participarán en esta experiencia con 9 y 11 órganos judiciales respectivamente.

En la segunda fase, entre finales de 2007 y principios de 2008, la implantación afectará a Huesca, Teruel, Zaragoza, Gijón, Oviedo, Albacete, Cuenca, Guadalajara, Toledo, Ávila, León, Palencia, Salamanca, Segovia, Soria, Valladolid, Zamora, Badajoz y Cartagena (Murcia). Se implicarán en esta etapa un total de 222 órganos judiciales y 2.500 funcionarios.

Sobre el presupuesto, el Ministro explicó que se incrementará en 13 millones de euros el destinado al personal de la Administración de Justicia y la medicina forense, y se destinarán 8,6 millones de euros para la mejora de medios e instrumentos en las dependencias judiciales y 0,5 millones en potenciar la formación de los profesionales de la Justicia.

La reforma se completará con un Plan de Transparencia dirigido a que los ciudadanos tengan un conocimiento real de la duración de sus procedimientos ante la Justicia, así como a conocer el volumen de trabajo de cada órgano judicial para mejorar la planificación presupuestaria necesaria.

Finalmente, sobre las retribuciones de los funcionarios, el competente es el Ministerio, porque así lo mandata la Constitución. "Las bases del régimen retributivo de los funcionarios no judiciales de la Administración de Justicia, aún cuando su gestión sea competencia de las comunidades autónomas, pertenece al Ministerio y, consiguientemente, se debe obtener el previo consenso de las comunidades autónomas antes de tomar ninguna decisión".