Bilbao.- La Consejería vasca de Justicia y el Consejo Vasco de la Abogacía suscribieron hoy un convenio para la "asistencia jurídica inmediata" a las víctimas de delitos de violencia doméstica, de género y agresiones sexuales en la Euskadi, que permitirá incrementar el número de letrados de guardia en este campo y proporcionará asistencia jurídica especializada gratuita para el asesoramiento presencia previo, la asistencia en la formulación de la denuncia y la comparecencia para la orden de protección y, en su caso, el juicio rápido.

El consejero vasco de Justicia, Joseba Azkarraga, el vicepresidente del Consejo Vasco de la Abogacía, Nazario Oleaga, el director de Ejecución Penal, Xabier Etxebarria, y la directora de Relaciones con la Administración de Justicia, Inmaculada de Miguel, presentaron hoy en Bilbao esta acuerdo con el que se pretende poder incidir de manera importante en "la lacra social" de la violencia de género, según explicó Azkarraga.

Tras la firma del anterior convenio en 2003, este nuevo acuerdo entre las dos organizaciones tiene como objetivo dar "un paso más" en la protección a las víctimas ya que permitirá incrementar los letrados de guardia, de 12 a 15- siete en Bizkaia, cinco en Gipuzkoa y tres en Álava-, fomentar la información temprana a las víctimas o la extensión de la gratuidad de los servicios.

El consejero de Justicia destacó que la violencia de género es "un problema complejo" que requiere soluciones de carácter multidisciplinar y el "esfuerzo" de los ámbitos policial, judicial, asistencial, económico, educativo y cultural.

Azkarraga realizó un balance "muy positivo" del anterior convenio, que permitió la puesta en marcha del Servicio de Asistencia Jurídica y del Turno de Oficio para Víctimas de violencia doméstica y/o agresiones sexuales, aunque precisó que éste no se ha dado en "la disminución de esta lacra". Por ello, estimó necesario impulsar el nuevo convenio cuyo objetivo principal es que la persona víctima de estos delitos "reciba información jurídica previa a la presentación de la denuncia y que sea ese abogado quien la acompañe durante todo el procedimiento".

De esta manera, se trata de asegurar que todas las actuaciones que estas personas impulsen "estén sopesadas y sean conscientes y voluntarias", con el fin de que entren en el sistema penal solamente cuando lo deseen. En este sentido, De Miguel explicó que la nueva ley integral ha permitido que el procedimiento sea "muy rápido", por lo que es importante que, en la fase previa, las mujeres configuren "sus expectativas" para evitar que posteriormente surjan conflictos emocionales debido a "decisiones que no tenían del todo pensadas".

El nuevo convenio prevé que los Colegios de Abogados dispondrán de ocho letrados titulares y siete de refuerzo, uno más en cada territorio, lo que permitirá dotar de "mayor agilidad" a la asistencia, explicó Etxebarria. Además, los Colegios de Abogados tratarán de que las necesidades de asistencia letrada en los Juzgados de Violencia sobre la Mujer sean prioritariamente atendidas. La prestación de la asistencia jurídica será presencial en la comisaría y en el juzgado o en los despachos de los abogados si las víctimas que lo precisan siempre que se solicite desde los Servicios Sociales.

Además el Consejo Vasco de la Abogacía garantizará y el Departamento de Justicia financiará la formación obligatoria inicial continua de los letrados adscritos al Turno de Violencia Doméstica. Además, se organizarán cursos anuales obligatorios de formación para los aspirantes o integrantes de este turno.

El vicepresidente del Consejo Vasco de la Abogacía, Nazario Oleaga, destacó la importancia de este punto del convenio teniendo en cuenta la relevancia que, a su entender, tiene en la atención a las víctimas de este tipo de violencia "una formación esmerada". En este sentido, indicó que este servicio es, a juicio del Colegio Vasco de Abogacía, de "enorme utilidad" y supone "una prioridad absoluta".

El consejero subrayó que "la gratuidad de la asistencia jurídica especializada alcanzará a todas las víctimas de violencia de género, violencia doméstica o de un delito contra la libertad sexual, para el asesoramiento presencial previo, la asistencia en la formulación de la denuncia y la comparecencia para la orden de protección y en su caso el juicio rápido". Para las asistencias judiciales posteriores -juicios penales y separación y divorcio- serán gratuitas en función de la capacidad económica del solicitante.

Para la prestación del servicio, el Departamento de Justicia, Empleo y Seguridad Social incrementará su aportación económica en un 56% para 2007, un 127% en 2008 y un 150% en 2009. De esta manera, el gasto del Departamento, sin contar la formación, será de 675.000 euros en 2007, 975.000 en 2008 y 1.070.000 en 2009.

JUZGADO DE BARAKALDO

Por otra parte, el consejero vasco de Justicia explicó que el Ejecutivo autonómico seguirá insistiendo ante el Ministerio de Justicia en la necesidad de crear un juzgado exclusivo en Barakaldo, donde se recibe más asuntos penales, más solicitudes de órdenes de protección y más asuntos civiles que en San Sebastián. Estos datos, según indicó, avalan la petición de la Consejería, que trasladará al nuevo ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, en próximas reuniones.

Azkarraga reiteró el compromiso de su Departamento en la contribución a la progresiva desaparición de esta "grave lacra social, que sigue imposibilitando a muchas mujeres víctimas de malos tratos dirigir sus vidas y optar en libertad sobre sus relaciones afectivas". "Se trata en definitiva de conseguir que tengan garantizada su integridad física, psíquica y emocional, para que puedan desenvolverse como personas libres", concluyó.

El consejero destacó que la labor de los Servicios de Asistencia a la Víctima como instrumento básico de información temprana. Estos servicios, dependientes del Departamento de Justicia, Empleo y Seguridad Social, atendieron durante 2006 a un total de 1.751 personas en relación con la violencia de doméstica (1.582 mujeres y 169 hombres).

Por su parte, según indicó, los casos de violencia contra la mujer tratados en los Juzgados de la Comunidad Autónoma Vasca durante el pasado año se mantuvieron constantes, con un total de 3.915 asuntos penales incoados y 1.655 órdenes de protección dictadas. Por territorios, en Álava se incoaron 660 asuntos penales y se dictaron 253 órdenes de protección; en Gipuzkoa, 1.044 asuntos penales y 448 órdenes; y en Bizkaia, 2.211 asuntos penales y 954 órdenes.

42,3% DENUNCIAS CON ORDEN DE PROTECCIÓN

El consejero destacó que sólo el 42,3% de las denuncias lleva aparejada una solicitud de orden de protección y la media diaria es de 10,6 denuncias y 4,4 solicitudes de protección en el conjunto de la comunidad autónoma. Estas cifras suponen un incremento de un 6% en el número de denuncias y un 18% en el número de órdenes de protección solicitadas en los seis primeros meses de 2005.

Las asistencias jurídicas en violencia doméstica y agresiones sexuales fueron durante el pasado año 2.692, la mayoría, 2.488, a mujeres. Por territorios, se contabilizaron 1.454 en Bizkaia, 811 en Gipuzkoa y 427 en Álava.

Por otro lado, en el ámbito de la violencia doméstica de menores de edad hacia sus progenitores, se registró en Euskadi un aumento de intervenciones judiciales en los últimos años ya que el número de menores implicados aumentó de los 31 de 2004 a los 55 de 2006 y el total de medidas judiciales pasó de 43 en 2004 (entre ellas, 5 internamientos), a 64 en 2006 (de ellas, 15 internamientos). Estas medidas afectaron principalmente a los chicos.