DEIA 10-07-2010

Los empleados conocieron por la prensa que se iban a la calle y también que ya existe una alternativa.

Bilbao. El Departamento de Empleo y Asuntos Sociales que dirige Gemma Zabaleta ha perfilado ya, a espaldas de los 23 trabajadores del actual servicio jurídico para inmigrantes -Heldu-, el nuevo organigrama que se encargará de atender y asesorar a las personas en situación de irregularidad administrativa.

Pese a que en un primer momento Zabaleta anunció que este servicio era una de las piezas clave sobre las que se construirían las futuras políticas de inmigración, desde la consejería no sólo no han descolgado el teléfono para comunicar a los trabajadores su despido, sino que, además, el lunes presentarán las nuevas directrices en materia de atención jurídica a los inmigrantes sin haber comunicado nada al respecto a los empleados de Heldu. "No nos han avisado para nada. A día de hoy no tenemos ninguna propuesta por parte de Lakua, no conocemos nada", denunciaron a DEIA representantes de los trabajadores del centro.

Sin embargo, esa falta de comunicación entre el órgano competente para desarrollar políticas sociales y el encargado de aplicarlas no es nueva, puesto que los trabajadores de Heldu se enteraron por la prensa de que Asuntos Sociales no renovaría el contrato a la empresa que durante los últimos ocho años ha tramitado miles de expedientes de asesoramiento legal a inmigrantes. "La prensa ha sido la que nos ha estado informado a lo largo de este mes de lo que iba a ocurrir con nosotros, nadie más", prosiguieron desde Heldu.

Expedientes abiertos Los trabajadores, que no descartan iniciar movilizaciones ante una situación que consideran "inaceptable" y "totalmente injusta", esperan ahora conocer cuáles han sido las razones por las que el Gobierno vasco ha decidido prescindir de sus servicios. Entre las principales inquietudes que muestra el colectivo se encuentran conocer qué medidas se tomarán para regular los 34.000 expedientes que aún quedan abiertos (18.000 sólo en Bizkaia) y qué nuevos mecanismos introducirá Asuntos Sociales para garantizar tanto el seguimiento a estos miles de casos como los plazos de los mismos.

"Muchos usuarios todavía nos siguen llamando para preguntarnos a quién se tienen que dirigir y qué va a ser de su documentación y, la verdad, es que no podemos contestarles porque nadie nos da respuestas para poder hacerlo", se queja el colectivo.

Otra de las circunstancias que ha generado malestar entre los 23 empleados de Heldu es que el cierre de asesoramiento de este servicio llega en un momento en el que la tasa de inmigración en Euskadi roza sus mayores registros, por lo que, según consideran, el servicio de atención a este colectivo "se hace ahora más necesario que cuando se puso en marcha". "Es importante recordar que el servicio Heldu nació con el consenso de todos los partidos políticos, uno de ellos el partido que hoy nos está diciendo que no hay necesidad de seguir adelante con él. Habrá que preguntarle a ellos por qué la necesidad surgía entonces y no ahora, cuando la la tasa de inmigración en la CAV suponía antes el 2,33% de la población y actualmente llega al 6,1%", afirman rotundos.

Desamparo Al hilo de la polémica generada con el inesperado cierre de Heldu, el colegio de Abogados de Gipuzkoa advirtió ayer de que el cierre del servicio de atención jurídico social dejará en una situación de "desamparo jurídico masivo" a los miles de inmigrantes que esperan regularizar su situación en la CAV. "Una sociedad como la vasca, considerada avanzada y en constante desarrollo, no debería permitir ningún tipo de exclusión social, sea cual sea el colectivo afectado", afirmó el colectivo guipuzcoano a través de un comunicado.

Este órgano no ocultó su total desacuerdo por el cierre de las tres delegaciones de Heldu en las capitales vascas, previsto para el próximo día 15 de julio. Aseguró, asimismo, que el Gobierno vasco debería primar la calidad en el servicio "por encima de cualquier otra cosa". "Una vez más, el más débil, en este caso el inmigrante sin recursos, es el auténtico perjudicado de esta situación", afirmaron desde el Colegio de Abogados de Gipuzkoa.