La ciudadanía tiene derecho a comprender las comunicaciones verbales o escritas de los profesionales del derecho. Para hacer efectivo este derecho, se incluyó en el Plan Estratégico para la Modernización del sistema de Justicia el compromiso de constituir formalmente una Comisión para la modernización del lenguaje jurídico. Esta Comisión recibió el encargo de presentar al Consejo de Ministros un informe de recomendaciones sobre el lenguaje empleado por los profesionales del derecho, con la finalidad de hacerlo más claro y comprensible para los ciudadanos.

Las diversas encuestas sobre el estado de la Justicia que, desde el inicio de la democracia, se han realizado en España ponen de manifiesto que la ciudadanía confía en el rigor y calidad de los juristas pero que, al mismo tiempo, no les comprende o, en el mejor de los casos, les comprende con dificultad.

El informe que aquí se presenta culmina el trabajo de esta Comisión y pretende ser un primer paso en la construcción del derecho a comprender. Se estructura en dos tipos principales de recomendaciones:

A los profesionales: sobre la base de los errores gramaticales y de sintaxis más comunes, se propone un conjunto de recomendaciones básicas.

A las instituciones: corresponde a las instituciones impulsar medidas que permitan acercar el lenguaje jurídico al ciudadano y poner al alcance de nuestros profesionales del derecho medios suficientes para la búsqueda de la excelencia en su expresión lingüística.

Asimismo, con el fin de emplear un método riguroso, la Comisión encomendó un conjunto de estudios de campo a varios equipos de investigación dirigidos por filólogos de reconocido prestigio, bajo la supervisión de la Real Academia de la Lengua Española. Estos estudios son uno de los más completos análisis empíricos sobre el lenguaje jurídico elaborados en España hasta la fecha y han contribuido de forma significativa a los debates de la Comisión.