Con motivo de la aprobación el pasado 6 de julio del polémico Decreto sobre Justicia Gratuita del Gobierno del País Vasco, se transcribe a continuación el artículo publicado en el ‘Boletín Informativo’ del Ilustre Colegio de Abogados del Señorío de BizKaia. La importancia de esta norma se fundamenta en que ha cambiado el modo de gestión del turno oficio y la asistencia jurídica gratuita.

El nuevo modelo de gestión ha sido diseñado y publicado de forma imperativa por el departamento correspondiente del Gobierno Vasco desoyendo las numerosas recomendaciones, sugerencias, alegaciones, y quejas presentadas a lo largo de más de 3 años por parte del Colegio de Abogados de Bizkaia a través de los miembros de su Junta de Gobierno.

El proceso tuvo su origen en el año 2009, siendo Jose Manuel Fínez, viceconsejero de Justicia del Gobierno Vasco, desde cuyo departamento se elaboró un decreto caótico y lleno de contradicciones en el que el Gobierno pretendía arrogarse el control absoluto sobre la gestión del turno de oficio,- turno que en el que trabajamos profesionales independientes colegiados, que no somos funcionarios que forman parte de la administración y por ello están sujetos a su control jerárquico limitando el papel de nuestros Colegios profesionales al de meros gestores de una lista de turno, pero que además seguirían soportando las cargas económicas y de recursos humanos del S.O.J.

Sin embargo, aunque en ese aspecto existían profundos desacuerdos sobre la manera de entender un servicio, las relaciones con la Consejería de Justica del Gobierno Vasco, hasta ese momento, eran fluidas y prueba de ello es que un día antes de la desgraciada muerte de Txema Fínez , se alcanzó un acuerdo entre el Gobierno Vasco y el Colegio para la creación del nuevo Servicio de Asistencia Jurídica de Extranjeros, que fue organizado `por nuestro Colegio de forma rápida y eficaz tras la petición del Gobierno.

La incorporación de Dª Mª Victoria Cinto, como viceconsejera de justicia no hizo sino entorpecer de una forma radical y notable, el discurrir de cualquier tipo de negociación consulta, o acuerdo, por cuanto que aquella desconocía, pro- fundamente, la materia y se sentía totalmente sorprendida por las alegaciones y quejas de nuestro Colegio considerando, además, que cualquier fase de negociación al tiempo de acceder ella a su cargo, estaba definitivamente superada y por tanto, no resultaba necesario mantener ningún tipo de reunión. Todo ello le condujo a intentar firmar y publicar el Decreto con toda celeridad sin atender a los requerimientos de los Colegios de Abogados de Bizkaia, Araba y Guipúzcoa y el Consejo Vasco de la Abogacía.

A finales del verano de 2011 se dio a conocer otra propuesta de Decreto a la que el Consejo Vasco de la Abogacía presenta un escrito con 45 páginas de alegaciones en las que se hacían propuestas de redacción alternativa que salvasen las carencias materiales y de fondo e incluso formales de las que adolecía un proyecto normativo que ahora finalmente ha sido publicado. Entre las alegaciones se encontraba el rechazo a un absoluto control por parte del Gobierno Vasco sobre el sistema de gestión entendiendo que el mismo no le compete

por ser la prestación del servicio una delegación encomendada a un colectivo colegiado de profesionales independientes cuya gestión de servicios se realiza a través de una entidad, el colegio de abogados, que todos nosotros conformamos siendo además un servicio que siempre hemos prestado con absoluta transparencia y eficacia Así mismo, el Consejo Vasco se mostraba contrario a el establecimiento de un sistema que convierte en tremendamente farragosa la tramitación del expediente tanto para los ciudadanos como para los abogados y que además no asegura ni garantiza el pago de todos los asuntos trabajados, a los abogados.

Esas, alegaciones, como tantas otras nunca tuvieron respuesta.

En el otoño del año 2011, los Colegios de abogados de la CCAA del Pais Vasco, contactaron con las representaciones parlamentarias del Partido Popular, el PNV y Eusko Alkartasuna, que realizaron una Enmienda de Totalidad instando al Gobierno Vasco a paralizar la tramitación del Decreto en tanto no hubiera acuerdo con los Colegios de Abogados . Se realizaron distintas interpelaciones parlamentarias, solicitando incluso que el Lehendakari en respuesta ante el Ple- no, se pronunciara sobre la posibilidad de publicación del Decreto sin haber alcanzado un acuerdo con los abogados.

El 17 de Octubre del mismo año se desarrolla una Enmienda de Transacción del Parlamento Vasco firmada incluso por propio grupo socialista en la que se insta al Gobierno a continuar las conversaciones con los abogados hasta alcanzar un acuerdo

NUNCA HICIERON CASO

En Diciembre del año 2011 y tras varias intervenciones, muy poco afortunadas de Mª Victoria Cinto en los medios de comunicación en las que realizaba afirmaciones inciertas, acusando a los letrados de interesarnos sólo por el cobro de nuestros honorarios y no por la prestación del servicio al ciudadanos el Gobierno Vasco convoco a los Colegios de Abogados a 4 reuniones en semanas sucesivas, sin tiempo de reacción o mínima preparación. Sólo pudieron celebrarse dos a las que nunca acudió la Sra Cinto. En la primera se entregó a los representantes de nuestro Colegio un nuevo texto de Decreto sin posibilidad de estudio o conocimiento del mismo, por lo que una vez recibido el documento hubo que dar por finalizada la reunión hasta poder estudiarlo.

Una segunda reunión se celebró el día 28 de Diciembre,- día de los santos inocentes,- en la que, sin haber establecido un orden del día previo, se comunicó que no se admitiría, ni tendría por interpuesta o realizada ninguna alegación que no fuera formal y por escrito. Así mismo, se comunico que el Departamento de Justicia estaba estudiando la posibilidad de crear una oficina para el turno de oficio dependiente de la Consejería, para ofrecer el ser- vicio ,desde la Administración, abandonando el sistema actual y dejando al margen a Colegios y abogados particulares. Ante esta postura los representantes del Colegio abandonaron la reunión.

Este comportamiento provocó nuevas intervenciones del Colegio a través de cartas de queja enviadas a la Consejera de Justicia, y nuevas interpelaciones parlamentarias que no tuvieron ninguna respuesta.

A partir de ese momento la comunicación, fue prácticamente inexistente. En el mes de Mayo, el Gobierno Vasco propuso crear un servicio especial para deudores en ejecuciones hipotecarias que finalmente se encargó al Colegio de Economistas. Posteriormente pidieron a los Colegios de Abogados que crearan un turno de oficio especial de ejecuciones hipotecarias.

No es preciso realizar un análisis muy profundo para advertir la enorme desfachatez que esta propuesta supone, puesto que está pidiendo al Colegio la realización de designaciones para trabajar en asuntos de ejecución hipotecaria para los que se está denegando la justicia gratuita. Y no debemos de olvidar que el Decreto, que ya en esos momentos estaba a punto de ser publicado, impide que el letrado cobre esos asuntos.

Finalmente el Decreto fue publicado en Julio y entró en vigor el día 1 de Septiembre, sin tiempo real para que los abogados nos adaptemos al nuevo sistema, sin tiempo de que los Colegios nos ofrezcan la posibilidad de llevarlo a la práctica, sin dotar a los mismos de los recursos informáticos necesarios para realizar los cambios y adaptaciones.

Como conclusión final debemos afrontar la entrada en vigor de un Decreto que

1) Impide en algunos asuntos, que cobremos una cuarta parte del trabajo que realizamos puesto que se abona sólo el 75% de los honorarios en fase declarativa y dejando la posibilidad de cobrar el 25% presentando un nuevo parte en fase de ejecución olvidando, quizá, que no todas las resoluciones judiciales llevan aperada una necesaria ejecución.

2) No se garantiza el cobro de nuestro trabajo en los procedimientos sobre Seguridad del Tráfico, menores, violencia doméstica o estafa, en que no se tramite o consiga la Justicia Gratuita, porque el Gobierno Vasco opina que debe asegurar el servicio pero no preocuparse por asegurar el cobro del mismo por parte de los letrados.

3) Falta a la verdad en la Exposición de Motivos puesto que no se clarifican las funciones y resulta absolutamente más farragosa y compleja la tramitación de expedientes para los propios ciudadanos y para los abogados. Tampoco es cierto que se liberen recursos humanos.

4) Abandona el sistema de abono del turno al Colegio, según el número de expedientes tramitados haciéndolo ahora mediante la entrega de una cantidad fija, invariable. La razón es que, dada la situación económica del país saben que tendrán que tramitar más expedientes de justicia gratuita, pero no quieren abonar más dinero a los abogados como compensación a la prestación del servicio, por lo que cambian el sistema de abono, limitado nuestros recursos del mismo modo que rebajan los módulos de abono y el sistema de gestión sabiendo que así lo letrados no vamos a poder cobrar todos los asuntos trabajados.

5) Ni un solo articulo del Decreto mejora la eficacia del sistema de asistencia jurídica gratuita a los beneficiarios aun a pesar de que la defensa política del gobierno ha sido siempre le expresión demagógica de que el objetivo del decreto es garantizar un servicio que es un derecho fundamental, a diferencia de nuestro objetivo como colectivo que, según manifestaciones de responsables del Departamento de justicia, sólo es el de cobrar nuestros honorarios.

Y todo ello como si fuera posible acusarnos de hacer prevalecer nuestros intereses particulares cuando somos nosotros y no ellos, quienes ofrecemos ese servicio desarrollando, en la práctica, el derecho de asistencia y defensa del justiciable en el mayor ejercicio real y no sólo verbal de ese derecho fundamental referido y a mayor abundamiento, sin un cobro justo y equitativo de unos honorarios de mercado.

Teniendo el ofrecimiento y desarrollo de este servicio un carácter social, que nunca podemos permitir que se nos ponga en duda, es obvio que lejos de recibir ayudas justas por parte de la Administración, se nos ponen trabas, se rebajan las compensaciones económicas, y se multiplica la tramitación burocrática, desplazan- do en nosotros la carga que, indudablemente, y por conocimiento básico de lo que pertenece al sistema público, corresponde a la Administración y que es la de realizar gestiones administrativas para asegurar el cumplimiento del servicio y el cobro de algunos de nuestros honorarios. Todo ello nos restará tiempo de dedicación a los aspectos jurídicos, hecho que sin duda podría ir en perjuicio del ciudadano destinatario del la asistencia jurídica.

Ha sido un proceso largo, ha sido un proceso de profundos desencuentros en el que finalmente, el Gobierno Vasco ha legislado a golpe de decreto, publicando un proyecto sobre una materia de enorme trascendencia, con la irresponsabilidad que, desde nuestro punto de vista, supone la falta de consenso, de diálogo y de permeabilidad para escuchar, analizar y quizá aceptar las sugerencias de quienes llevamos años y años gestionando y ofreciendo un servicio con la máxima transparencia y razonable eficacia. Un proceso complejo con una intolerable falta de consideración a los verdaderos garantes del único servicio publico de estas características ofrecido por profesionales particulares. Un proceso en el que además, desde la tribuna de la administración se ha utilizado a los medios de comunicación para pretender empañar injustamente la imagen de nuestro colectivo. Está en nuestras manos demostrar una vez más que se equivocan.