16-10-2012 / 10:40 h EFE

Los tres Colegios de Abogados vascos han presentado un recurso ante el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) contra el decreto de Justicia Gratuita del Gobierno vasco que regula la atención jurídica de las personas sin recursos.

El recurso, que también ha sido presentado por el Consejo Vasco de la Abogacía, alega que la normativa que entró en vigor el pasado 1 de septiembre es "ineficaz" y está provocando "casos de indefensión" debido al retraso en las designaciones de los abogados de oficio.

También argumenta que está habiendo una ralentización de los procesos judiciales y una mayor carga burocrática debido a la documentación requerida para solicitar la justicia gratuita y que la tendencia es a empeorar en los próximos meses, lo que podría provocar consecuencias muy negativas en el funcionamiento del sistema judicial.

El texto del Colegio de Abogados de Bizkaia fue presentado el pasado día 4 ante la sede del TSJPV, según informa a Efe este órgano.

El decano del Colegio, Nazario Oleaga, señala que las designaciones de letrados podrían demorarse hasta que el usuario tenga concedida formalmente el derecho a la justicia gratuita por la comisión encargada de esta tarea.

Esto supone, según el Colegio de Abogados, "esperas de hasta dos meses", mientras que por la norma que regía antes del 1 de septiembre, las designaciones se habían venido efectuando de "una forma mucho más rápida, en la mayoría de los casos en menos de tres días".

Para Oleaga, en el mes y medio que el decreto del departamento de Justicia lleva vigente, "ha demostrado su ineficacia y no beneficia a nadie" y está acarreando "consecuencias muy negativas" para el sistema judicial vasco.

"Más bien al contrario, perjudica notablemente a los ciudadanos más necesitados, que corren un grave riesgo de indefensión, y a los propios abogados, que en algunos casos no cobran por los servicios que prestan porque finalmente se declara que su defendido no tiene el derecho a obtener la justicia gratuita", argumenta Oleaga.

El decano de los letrados vizcaínos señala que se están dando retrasos importantes en casos de violencia de género, desahucios por ejecuciones hipotecarias e impagos de rentas.

También denuncia una "total improvisación", ya que el Gobierno de Vitoria "ni siquiera ha elaborado los formularios que deben ser cumplimentados por usuarios y letrados, y la aplicación informática no está operativa a fecha de hoy".

Otro reproche es que la libre elección de abogado, una de las novedades que introducía el decreto, "no puede ejercitarse porque falta el desarrollo de la norma".

El Colegio de Abogados recuerda que el departamento de Justicia que dirige Idoia Mendia "incumplió" un mandato del Parlamento Vasco en el que se le requería que negociara con los letrados de las tres provincias vascas.

El recurso presentado está pendiente de la admisión a trámite por parte del TSJPV.