El ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, se reunió ayer con la Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, que le entregó un escrito en el que formula varias recomendaciones para modificar aspectos sustanciales de la Ley 10/2012, de 20 de noviembre, conocida como Ley de Tasas Judiciales.

La oficina del Defensor del Pueblo tiene hasta el próximo 21 de febrero para decidir si interpone o no recurso de inconstitucionalidad contra dicha norma. No obstante, antes de que expire dicho plazo, la Defensora ha decidido formular estas recomendaciones dirigidas a modificar sustancialmente el sistema de tasas vigentes:

reducir la cuantía de las tasas de la primera instancia civil y contencioso-administrativa;

modular la cuantía de las tasas en función de la capacidad económica en el caso de las personas jurídicas; y

moderar la cuantía de las tasas para facilitar el acceso a los recursos en los distintos procesos.

Asimismo, propone la supresión de las tasas que se devengan

cuando se enjuicien procedimientos sancionadores;

en procedimientos de ejecución hipotecaria;

en recursos de suplicación y casación en el orden social; y

en ejecución de resoluciones arbitrales de consumo.

Además, la Defensora recomienda devolver las tasas ya cobradas a las personas que resulten beneficiarias según la nueva normativa de Asistencia Jurídica Gratuita.

Compromiso del ministro de Justicia

El ministro de Justicia, Alberto Ruíz-Gallardón, adelantó en el Congreso que el Gobierno modulará a la baja e incluso suprimirá algunas de las tasas judiciales, atendiendo así a las recomendaciones que la Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, le transmitió ayer.

“El Gobierno asume las recomendaciones del Defensor del Pueblo y articularemos los procedimientos legales adecuados para introducir esas recomendaciones en la legislación”, ha asegurado el titular de Justicia, al mismo tiempo que ha indicado que intentará que la Ley de Justicia Gratuita entre en vigor “lo antes posible”.

En los últimos meses se han dirigido a la Institución del Defensor del Pueblo los representantes de la Plataforma Justicia para Todos, con Carlos Carnicer en representación de la Abogacía, un elevado número de ciudadanos, instituciones y organizaciones sociales, manifestando su disconformidad con esta ley y solicitando la interposición de recurso de inconstitucionalidad.

La Institución tiene la posibilidad de actuar como mediadora entre los ciudadanos y los poderes públicos y así ha decidido hacerlo en este caso.

Una vez trasladadas estas recomendaciones, la Defensora confía en la positiva recepción de las mismas por el Ministerio de Justicia y queda a la espera de su pronta respuesta.