Se oponen al proyecto de ley de Justicia Gratuita del Gobierno central, que permite asistir a un detenido en Euskadi a todo abogado capaz de llegar en tres horas

La reforma de la justicia gratuita ha puesto en pie de guerra a los abogados de toda España, y en concreto a los de Euskadi. Y no solo porque, en su opinión, aumenta el papeleo, les carga de obligaciones y recorta los honorarios, sino específicamente por un cambio que, según los letrados, puede echar por tierra el turno oficio en su doble vertiente: la asistencia a los detenidos en las comisarías y los juzgados de guardia, y la designación de letrado cuando un persona de escasos recursos solicita que la Administración pague su pleito.

El proyecto de ley del Ministerio de Justicia suprime el principio de que el turno de oficio sea atendido por abogados del colegio profesional que lo organiza. En adelante, si el texto se aprueba en el Congreso en sus términos actuales, podrán apuntarse profesionales de los territorios limítrofes y de cualquier otro lugar de España. Bastará con que puedan -personarse en la instancia judicial que corresponda sin demora injustificada y, en cualquier caso, dentro del plazo máximo de tres horas desde la recepción del encargo-.

-Tal disparate-, según la calificación unánime de los colegios de Bizkaia, Álava y Gipuzkoa, aparece en el artículo 25, segundo párrafo, del proyecto de ley, que está en fase de tramitación en el Congreso. La disposición, introducida a instancias del Ministerio de Economía y Competitividad, invocando la liberalización de las actividades profesionales y la unidad de mercado, tiene una coletilla que irrita aún más a la abogacía. Si el colega elegido para una asistencia letrada no puede llegar al juzgado o a las dependencias policiales dentro de las tres horas preceptivas, -se designará un nuevo abogado o procurador que deberá comparecer a la mayor brevedad posible-.

-A la mayor brevedad-

Los colegios se preguntan qué significa ese -a la mayor brevedad posible-, una vaguedad que no aparecía en las primeras versiones del proyecto de ley y que surgió de repente, cuando el documento ya había recibido los informes preceptivos; ahora bien, esos informes se hicieron sobre una versión diferente de la definitiva, una que establecía que el letrado debía tener despacho en el territorio donde iba a prestar sus servicios. La -indefinición- del texto final, preocupa a los letrados vascos, porque les puede complicar la organización práctica del turno de oficio; un servicio público financiado por la Administración (el Gobierno Vasco en el caso de Euskadi), que -está funcionando razonablemente bien-.

El decano de Bizkaia, Carlos Fuentenebro, augura un -lío monumental-. Su homónima de Gipuzkoa, Lourdes Maiztegi, está convencida de que quien ha retocado el artículo 25 -no tiene ni idea- de cómo funcionan los juzgados. -¿Cómo diseñas el turno de oficio? ¿Telefoneas a los profesionales de otra provincia y les preguntas si pueden estar en tres horas en San Sebastián?-.

Fuentes de la judicatura en Bizkaia comparten la opinión de los decanos. Entienden que si finalmente se produjeran deficiencias y se retrasara, por poner un ejemplo, la asistencia a un detenido, ello podría chocar con el principio constitucional que garantiza el derecho del ciudadano a ser puesto disposición judicial, cuestión de la que los jueces están muy pendientes y provoca a veces roces con los letrados. -Que se hable de tres horas de plazo ya supone un retroceso potencial -señalan esas fuentes-, porque el turno de oficio funciona desde la inmediatez, incluso aunque la Ley de Enjuiciamiento Criminal permita ocho horas-.

El decano de Álava, Javier García Pascual, denuncia que -el cambio se ha introducido con calzador- y pronostica una -caída brutal de la calidad del servicio-. La cuestión se trató el pasado día 11 en el pleno del Consejo General de la Abogacía, que ya expresado su queja. Una de las preguntas que se plantean los decanos es si habrá picaresca, entre otros motivos porque las autonomías no pagan igual la justicia gratuita y Euskadi figura entre las que tienen los módulos más altos. ¿Cómo controlará un colegio la capacitación de un letrado que viene de otro lugar? ¿Cómo exigirá responsabilidades, llegado el caso, a quien no paga cuotas ni está colegiado?

Los abogados insisten en que sus quejas no tienen solo una dimensión corporativa. A fin de cuentas, el desbarajuste administrativo no será lo más grave, sino -los perjuicios a los ciudadanos- en un asunto crucial como sus derechos fundamentales. Los afectados, enfatizan, son quienes no pueden pagar las tasas judiciales y recurren a la justicia gratuita.