Lurdes Maiztegui, Presidenta del Consejo Vasco de la Abogacía.

La decana de los abogados de Gipuzkoa se convierte en la primera mujer que preside el órgano que coordina los colegios vascos.

Lurdes Maiztegui (Donostia, 1955) se ha convertido en la primera mujer que preside el Consejo Vasco de la Abogacía. Ostentará este cargo durante un año en el que pretende defender «las competencias de los colegios de abogados y los derechos de sus colegiados. Y fundamentalmente a los ciudadanos y a la sociedad para que reciban el servicio público de la justicia que prestan los profesionales con cercanía y calidad», asegura. Maiztegui realiza un repaso a los problemas que más preocupan al colectivo que representa.

- Ha sido nombrada presidenta del Consejo Vasco de la Abogacía. Es la primera mujer que accede al cargo.

– Así es. Mi designación se produjo el 1 de enero del presente año y se realizó atendiendo a lo previsto en los estatutos. Al Consejo Vasco de la Abogacía pertenecen como miembros los tres colegios de abogados de la comunidad autónoma y su presidencia es rotatoria. El hecho de que sea la primera mujer es consecuencia directa de haber sido la primera decana de un colegio de abogados vasco, el de Gipuzkoa.

– ¿Cuál es el papel que desempeña esta entidad?

– El consejo se constituyó hace veinticinco años. Es un órgano supracolegial autonómico que nació previo acuerdo adoptado por los tres colegios y que coordina los intereses de los mismos.

–¿Con qué objetivo accede al cargo?

– Mi designación dura un año. No es mucho tiempo para marcarse un objetivo con inicio y final. Valoro que es un año en el que el Consejo Vasco de la Abogacía y los tres colegios de abogados tenemos como objetivo defender nuestras competencias y los derechos de los colegiados. Y fundamentalmente a los ciudadanos y a la sociedad para que reciban el servicio público de la justicia y el que prestan los profesionales con cercanía y calidad, cualidades que actualmente se ven amenazadas con los anteproyectos de ley en trámite que, a mi juicio, van a incidir de manera negativa y muy importante, sin justificación ni fundamentación razonable. Esto por un lado, pero por otro me gustaría asimismo hacer llegar a las diputaciones que a los abogados también nos llega el momento de la jubilación y que durante nuestra vida profesional debemos proveer, reunir lo necesario para garantizar nuestro bienestar mínimo. Por ello, pedimos que no se limiten estas posibilidades y que en los tres territorios tengamos el mismo trato.

– ¿Y se lo van pedir a las mismas diputaciones que anunciaron que Hacienda les iba a examinar con lupa? ¿Le sentó mal una referencia tan directa al colectivo?

– No me sentó mal. Hacienda tiene su manera de comunicar con terceros cuál es su posición en relación a sus finalidades. No me sentí especialmente aludida.

–¿Cree que la abogacía es uno de los colectivos que incumple con sus obligaciones tributarias?

– Mi impresión es que, con carácter general, cumplen debidamente. Creo que llevamos un tiempo donde se observa un arraigo de educación o conciencia fiscal en la sociedad de la que formamos parte también los abogados. Le digo más, en concreto el Colegio de Abogados de Gipuzkoa recuerda trimestralmente a todos sus colegiados las obligaciones tributarias y la fecha de sus vencimientos.

– Una de las principales preocupaciones de los profesionales de la abogacía está en el Proyecto de Modificación de la Ley de Colegios Profesionales. ¿Cómo valora este proyecto?

– El anteproyecto está en trámite. Se trata de una iniciativa impulsada y liderada fundamentalmente por el Ministerio de Economía y Competitividad.

–¿Por qué interviene este ministerio?

– Se ve que el proyecto tiene un componente muy económico, ya que lo que pretende es regular unas actividades de mercado. Justifica sus previsiones en directivas generales europeas y se olvida de forma injustificada de las sectoriales, de una profesión como la nuestra que tiene su núcleo fundamental en la prestación de servicios jurídicos en su más amplia extensión. Hay otras profesiones que pueden tener un común denominador, pero la abogacía, no. Al final, nosotros además de un servicio privado, prestamos otro público. Defendemos a personas sin recursos... Necesariamente por el tipo de servicio que prestamos tiene que estar autorregulada y controlada, pero sin que ello determine ningún obstáculo para el ejercicio de la profesión.

– Por lo que cuenta, los autores del proyecto, a su juicio, no lo han podido hacer peor.

– Creo que no conocen ni el origen ni la razón de ser de los colegios de abogados, ni la profesión, ni los servicios públicos y privados a los que alcanza, ni cómo se prestan día a día. Entiendo que corresponde a los políticos mejorar lo que se tiene y no es precisamente lo que se está haciendo.

– ¿En qué medida les afecta?

– Se prescinde plenamente de lo que teníamos hasta ahora. Divide la profesión entre abogados con obligación de colegiarse y otros que no deben hacerlo. De esta manera, impide el control deontológico de las actuaciones profesionales de estos últimos. También prevé que la cuota máxima anual por los servicios públicos a prestar por los colegios será de 250 euros, una cantidad a todas luces insuficiente.

–¿Quiénes deben colegiarse?

– Aquellos que van prestar una labor de asesoramiento jurídico y la dirección y defensa en procesos judiciales y extrajudiciales a un tercero. Por contra, no tendrán la obligación de hacerlo los que presten la asistencia letrada o un asesoramiento cuando tengan vínculo de naturaleza laboral. En la práctica, los que trabajen por cuenta de asesorías jurídicas y empresas no tendrán la obligación de colegiarse. Habrá despachos y empresas que tendrán letrados colegiados y otros no.

–¿Y esto por qué es malo?

– Porque no se controla la deontología, la ética que debe imperar en toda actuación de un abogado. Por tanto, nos vamos a encontrar con profesionales del Derecho con obligación de colegiarse, a los que sí alcanzará la ordenación de la profesión y el control deontológico de sus actividades y sin embargo otros que no tendrán la obligación de hacerlo y a los que nadie les controlará.

–¿En qué medida afectará al funcionamiento de los colegios?

– Afectará y mucho. Es una absoluta intervención en la gestión de los colegios, una barbaridad. Los que no tengan un número de colegiados suficiente, no podrán prestar las funciones públicas que les corresponde. Quedará así vacía de contenido la garantía constitucional que da carta de naturaleza a los colegios profesionales y al ejercicio de las profesiones tituladas.

– ¿Y repercutirá en los ciudadanos?

– Por supuesto. Entre otras cosas, padecerán la falta de control por parte de los colegios en la formación de los propios abogados, sufrirán además la inseguridad jurídica de prestación de servicios por profesionales del Derecho colegiados y no colegiados. Y, además, la falta de control deontológico efectivo de las actividades de los abogados que los presten.

–¿Veo que no aprecia ningún aspecto positivo en el anteproyecto?

– Solo uno. Se manifiesta con claridad que los que están llevando adelante esta ley no tienen ni idea del funcionamiento de los colegios de abogados, de los abogados y de su día a día.

– Ha transcurrido más de un año desde la implantación de las tasas judiciales. ¿Cómo ha afectado a la profesión?

– Es conocido que ha repercutido en el derecho fundamental que tiene toda persona a la tutela judicial efectiva, porque ha limitado el acceso a la justicia a muchos ciudadanos. Se están tramitando menos procedimientos, menos recursos de apelación y se han reducido de manera importante los asuntos en los juzgados de lo Contencioso Administrativo. Asimismo, están disminuyendo algunos tipos de pleitos, como por ejemplo las reclamaciones de propietarios a la comunidad de propietarios. Las tasas hacen que en ocasiones el procedimiento les resulte más caro que la reclamación que persiguen. Se aprecia, por lo tanto, que algunos procedimientos tienden a desaparecer.

–¿A la vista de todo los comentado, en qué momento cree que se halla la profesión?

– En un estado de tránsito, inseguridad y constante mutación del Derecho. Hay cambios sociales, se han incorporado las nuevas tecnologías, pero sobre todo hay una actividad legislativa, que no da seguridad porque hoy te aprueban una ley y mañana te la modifican en cualquier otro instrumento legislativo, aunque nada tenga que ver con ella.