MADRID, 24 Jul.

Más de 700 abogados representantes de colegios de toda España se han concentrado el centro de Madrid ataviados con togas negras para defender el servicio público de la justicia gratuita y advertir de que la reforma propuesta por el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, solo provocará -dolor- a los más desfavorecidos y -pondrá en riesgo- la labor que prestan 42.500 letrados de oficio.

Los decanos y miembros de las Juntas de Gobierno de los 83 colegios de abogados se han trasladado este mediodía hasta el corazón de la capital para recorrer el Paseo de Recoletos, llegar a la Plaza de la Cibeles y firmar un manifiesto en defensa de la justicia gratuita que será enviado al Gobierno y al Congreso de los Diputados, donde se tramita el proyecto legislativo.

-Gallardón dimisión- o -No a las tasas, Gallardón a su casa- han sido algunas de las consignas coreadas por muchos participantes, que exhibían en la solapa de sus togas chapas con el lema Todos somos abogados del Turno de Oficio y pegatinas con llamadas a defender la asistencia jurídica gratuita.

La manifestación ha culminado en unas carpas instaladas en el bulevar central de Recoletos, donde se podía leer Ciudadano, la justicia gratuita te saldrá muy cara y desde donde el presidente de la Abogacía, Carlos Carnicer, ha advertido de que la profesión está -en lucha- porque -no podemos dejar que se pierda un sistema que algunos amenazan con privatizar o funcionarizar-.

-Desde la permanente voluntad de diálogo, estamos dispuestos a seguir hasta el final en esta batalla-, ha exclamado Carnicer, que ha recordado el impulso que ha dado la Abogacía en la asistencia a los detenidos, los inmigrantes, los menores, discapacitados o víctimas de la violencia doméstica y de género.

El presidente del Consejo General de la Abogacía Española se ha preguntado a dónde ha ido a parar la recaudación generada por las tasas, que según el Gobierno se destinaría a financiar la justicia gratuita aunque finalmente no ha sido así. -Hay una verdadera campaña de intoxicación sobre destino de nueva leyes, vamos a combatir las que pensamos que son materialmente injustas-, ha añadido.

TRABAS PARA IMPEDIR EL ACCESO A LA JUSTICIA

Los 42.500 abogados de oficio, con una media de 43 años de edad y una experiencia contrastada, ofrecen una defensa especializada las 24 horas al día durante todo el año a las personas con insuficientes recursos para litigar. Llegan a cobrar 2 euros la hora y en ocasiones no reciben ninguna remuneración por sus actuaciones.

La Abogacía denuncia que el proyecto legislativo no garantiza un pago -digno y puntual-, no incluye la gratuidad de prestaciones básicas como la asistencia a presos condenados, el asesoramiento previo al proceso judicial o la designación de abogados para la acusación particular, y además burocratiza la tramitación de las solicitudes de justicia gratuita.

El colectivo defiende que el abogado debe seguir teniendo su despacho abierto en el colegio al que se halla adscrito, mientras que el texto del Ministerio suprime este aspecto y obliga a un abogado del Turno de Oficio a trasladarse en tres horas hasta la otra punta de España si es requerido. Además, impone -trabas- a las personas desfavorecidas que solicitan más de tres veces al año justicia gratuita.

En este sentido, la decana del Colegio de Abogados de Madrid, Sonia Gumpert, ha advertido de que la reforma de Gallardón -disuade- al ciudadano de solicitar la justicia gratuita por los obstáculos que tiene que sortear. -Va a tender a no pedirlo, porque tiene que irse muy lejos, reiterarlo 80 veces. Son trabas que persiguen la disuasión del ciudadano-, ha añadido.

-Pasa de ser un servicio público a uno semipúblico porque depende de las tasas judiciales y no se garantiza una financiación suficiente y pública para cubrir esa demanda, que es el derecho básico y fundamental por el que se hacen valer todos los demás derechos-, ha afirmado a los medios de comunicación Gumpert.

El presidente del Colegio de Abogados de Cataluña, Miquel Sámper, ha denunciado que el proyecto de justicia gratuita, que modifica la actual norma de 1996, es otra barrera más que se suma a las tasas judiciales y a la reforma del mapa judicial que residencia los tribunales de instancia en las capitales de provincia. -La suma de los tres se carga por completo el Estado de Derecho e impiden el acceso a la justicia-, ha advertido.

A su juicio, las tasas son una barrera económica para las clases medias, -que pueden llegar a pagar 10.000 euros en primera instancia y 800 euros más una parte variable en segunda-; que se suman a la barrera territorial derivada de la reforma de demarcación y planta y, ahora, a la barrera de la justicia gratuita. -Si sumas los tres escollos, son dificultades para que el ciudadano no acuda al juzgado. El Ministerio tiene la percepción errónea de que acude por hobby-, ha concluido.