DIAGNÓSTICO: El ministro de Justicia, Rafael Catalá, durante su comparecencia en el Congreso de los Diputados anunció que hará un diagnóstico de la Administración de Justicia para mejorar las condiciones de los profesionales. Reconoce las críticas de los ciudadanos por la Justicia, según estudios del CIS. Ofrece los datos de retraso en la Administración de Justicia en las jurisdicciones civil (juzgado de instancia resuelve en 7 meses y la sala 1 del TS 11,5 meses), penal (juzgados mixtos resuelven 1,5 meses hasta 10 meses de los juzgados de lo Penal) Contencioso-administrativo (desde 14 meses de los juzgados a 15 meses en la Sala 3 del TS), social (los juzgados tardan 9,5 meses y la sala 4 del TS 10 meses).

DISCURSO DEL MINISTRO DE JUSTICIA EN EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

Ofrece su empeño en trasladar una política de transparencia a los ciudadanos, que perciben unos plazos más largos de los que realmente hay.

MEDIDAS ESTRUCTURALES A ABORDAR DE FORMA INMEDIATA

-          Carrera judicial, hay un déficit de 276 plazas, queremos crear 282 unidades jurisdiccionales

-          Fiscalía, dotar a la plantilla de los recursos necesarios para luchar contra la corrupción y crear fiscalías de unidades de tramitación. Creación de 46 plazas de fiscales

-          Secretarios judiciales como directores de la unidad judicial. Crear 160 plazas

-          Notarios, adjudicar destino a los 90 notarios que aprobaron oposiciones

Recuerda que asistió al Pleno del CGAE, donde recibió sus demandas y reclamaciones en torno a la Ley de Asist Juridica Gratuita, la LSyCP y la Ley de Tasas. Mi intención es abrir cauces directos de negociación con todos los profesionales jurídicos.

EJES DE TRABAJO: LA JUSTICIA COMO SERVICIO PÚBLICO Y LA JUSTICIA COMO PODER DEL ESTADO.

1.- Justicia como servicio público:

Ley de Tasas Judiciales. Primero se necesita un buen diagnóstico de situación, ya que ha tenido un enorme rechazo. NUNCA PUEDEN GENERAR UNA LIMITACIÓN AL ACCESO A LA JUSTICIA. Sólo el 17% de los 8.900.000 asuntos están sujetos a las tasas.

Se analizarán y revisarán las tasas judiciales de cara a una eventual mejora

El ministro ha anunciado que tras el análisis y estudio de los datos relativos a los ingresos generados por las tasas, así como a conocer la repercusión real que han tenido en ciudadanos y empresas se sentará con “todos los operadores jurídicos y con los grupos parlamentarios para escuchar sus puntos de vista y así analizar si procede una mejora de la aplicación de la ley”. Ha justificado la necesidad de este análisis en que según los últimos datos del Consejo General del Poder Judicial donde más ha caído la litigiosidad ha sido precisamente en las jurisdicciones en las que no hay tasas (Penal y Social) frente a las de Civil y de lo Contencioso.

Ley de Asistencia Jurídica Gratuita. Se ampliará el número de beneficiarios de JJGG y se estudiará los umbrales de renta para acceder a este derecho. Se continuará con la tramitación del proyecto de ley tan pronto sea posible. Tenemos que buscar la seguridad en la calidad del servicio pero que se puedan mejorar los servicios de los Colegios de Abogados.

Se presentarán enmiendas a la Ley de Presupuestos para dotar una partida para compensar a las CCAA con motivo del incremento de gasto en JJGG

Registro Civil: cercano, ágil y eficaz. Seguir adelante con la Ley 22/2011. Se creará una Comisión Mixta entre Colegio de Registradores y Ministerio de Justicia.

Estatuto de la víctima: para amparar a los que sufren las consecuencias de un delito. Debemos encontrar un consenso generalizado y aprobar en los próximos meses.

2.- Justicia como poder del Estado y vertebrador de la sociedad. Su objetivo es garantizar el Estado de Derecho. Propone reformar:

LOPJ. Mantener la estructura del actual modelo de demarcación. Conservar los actuales partidos judiciales. Durante su intervención, el ministro se ha mostrado partidario de mantener la estructura actual del modelo judicial en lo relativo a demarcación y, en concreto, “a los partidos judiciales como elementos que permiten prestar un servicio público de Justicia”.

Eso no quiere decir que no se vayan a introducir las mejoras que sean necesarias para que la distribución territorial judicial funcione de un modo más eficaz en cuanto al tiempo de respuesta al ciudadano. Para ello se estudiará cómo racionalizar el reparto de las cargas de trabajo a través de las salas de Gobierno de los Tribunales Superiores de Justicia y los jueces decanos en coordinación con el CGPJ.

Reformar la Ley de Demarcación y Planta Judicial queda para tiempos futuros.

Mejorar el Código Penal y la LECRim.

Establecer plazos máximos orientativos para la instrucción para proteger al imputado. Cambiar la denominación de imputado para que no apareje precondena.

Otra reforma prevista se producirá en los procedimientos para enjuiciar los delitos de conducción en estado de embriaguez que, según la memoria de la Fiscalía General del Estado, suponen un 50% de las sentencias condenatorias dictadas en España. Consistirá en que en los supuestos en que la pena se ciña a multas y privación del permiso de conducción se pueda evitar el consiguiente juicio, siempre y cuando el imputado acepte la propuesta de acusación que el fiscal le enviará por correo.

Finaliza diciendo:

Busco consenso y diálogo, y están bien identificados los problemas y los interlocutores. El acuerdo con todos nos proporcionará los mejores instrumentos para abordar las reformas, como fue el Pacto de Estado por la Justicia, que no pretendo revivir por falta de tiempo