Los abogados ultiman con el Gobierno de Urkullu la aprobación de un nuevo decreto de Justicia gratuita para sustituir el que fue aprobado en 2012, durante la anterior legislatura, y contra el cual los letrados vascos habían formulado numerosas críticas. El pistoletazo de salida lo dio el anuncio por el Ministerio de Justicia de que desiste de continuar con el anteproyecto de ley estatal sobre la misma materia, una propuesta que fue rechazada por los colegios profesionales de toda España, pero cuya tramitación obligó a interrumpir la elaboración de la normativa autonómica. Fuentes jurídicas informaron de que las organizaciones profesionales de los tres territorios históricos y el Departamento de Administración Pública y Justicia ya han concertado una reunión a la vuelta de las vacaciones, el próximo 8 de septiembre, para acelerar la aprobación del decreto vasco, que afecta a un colectivo de 19.000 ciudadanos de bajos recursos a los que el Gobierno de Vitoria les subvenciona el pleito cada año. De todos ellos, 4.200 son víctimas de la violencia de género.

En el encuentro previsto, explicaron las mismas fuentes, se discutirá una propuesta de los colegios de abogados que, en esencia, pretenden simplificar el papeleo a la hora de solicitar y obtener la asistencia jurídica gratuita, un capítulo que este año tiene un presupuesto de 14,5 millones de euros. Los letrados se quejan de que la normativa autonómica introducida en 2012 multiplicó los trámites y obligó a repetirlos en diferentes fases del procedimiento judicial. Además, parte de la burocracia la tiene que asumir el propio abogado, de tal manera que, si bien algunos requisitos se realizan por vía electrónica, ello no evita que se estén atascando los servicios de los colegios para atender la Justicia gratuita. Y esa estructura es la que se ocupa principalmente de infinidad de delitos cometidos por menores, alcoholemias, separaciones...

• Matrimonios, alcoholemias y menores

El Gobierno Vasco también encontrará otra reivindicación de los abogados encima de la mesa. Le reclaman la subida de los emolumentos que el Departamento de Justicia abona ahora por atender la Justicia gratuita (incluidos los turnos de oficio y la asistencia letrada); unos ingresos que llegan a los colegios a semestre vencido. En el de Bizkaia advierten de que esas minutas fueron recortadas cuando la crisis económica llegó a Euskadi y desde entonces «no se han revisado». De acuerdo con sus cálculos, los profesionales vascos habrían sufrido, en la práctica, una rebaja del 25% en la remuneración de su trabajo en la Justicia gratuita.

Los casos fallidos

Otra vieja queja que, en cambio, parece encauzarse, según el colegio vizcaíno, es la de los llamados casos fallidos; es decir, aquellos pleitos que se empiezan a tramitar por la vía de la Justicia gratuita, pero en los cuales el letrado se encuentra a mitad de procedimiento con que finalmente no se concede la subvención del pleito y el cliente no da señales de vida, dejando al profesional sin cobrar pese a las gestiones realizadas. Fuentes jurídicas señalaron que las conexiones informáticas de los colegios vascos con las Haciendas forales (la última en establecerse fue la de Bizkaia) han contribuido a evitar muchas de esas situaciones; e insistieron en que los casos fallidos a día de hoy no representan un escollo para las negociaciones con el Gobierno Vasco.

De momento, y con independencia de la aprobación de un nuevo decreto, lo que sí han aumentado este año son los recursos públicos destinados a la Justicia gratuita en Euskadi (con los que se cubren los honorarios de los letrados y la infraestructura). Han sido un 5,3% mayores respecto a 2014, si bien los 14,5 millones consignados podrían incrementarse más si la demanda prevista de 19.000 personas se viera desbordada.

No obstante, en la situación actual, Euskadi es la tercera autonomía que más gasta en este capítulo por habitante (5,66 euros), sólo superada por Cataluña (7,13) y Canarias (7,06), según el Consejo General de la Abogacía, que recoge la información facilitada por los colegios de toda España.

En el País Vasco son 2.370 los abogados que atienden el turno de oficio (algo menos de la mitad de los colegiados en la comunidad autónoma). La asistencia letrada a los detenidos la garantizan 1.958 profesionales y la violencia de género, 871. Son aspectos que afectan a derechos fundamentales de los ciudadanos y que suponen vías de acceso a la Justicia gratuita. Ahora, al negociar con el Gobierno Vasco, los letrados quieren simplificar ese camino porque, según insistió la vicedecana del colegio de Bizkaia, «se creó un sistema burocrático que tiene colapsados los servicios de gestión».