En concreto, la sentencia se refiere al vencimiento anticipado, a la comisión de reclamación de posiciones deudoras, gastos a cargo del cliente, intereses de demora y la cláusula suelo, ordenando “la devolución de las cantidades que en relación con estas cláusulas hubiera abonado el cliente desde el momento de suscripción del contrato”.

En este sentido, la plataforma destacó que en este fallo judicial “se obvia la Doctrina del Tribunal Supremo por la que limita la devolución de lo abonado por las cláusulas suelo a las cantidades abonadas a partir del 9 de mayo del 2013”.

Stop Desahucios Gipuzkoa subrayó que esta sentencia “tiene una especial trascendencia en el momento en que muchas entidades, entre ellas Caja Rural de Navarra, están realizando ofertas engañosas a los clientes con cláusula suelo para retirársela pero incrementándoles el diferencial que tenían contratado, haciéndoles renunciar a recuperar cualquier cantidad que hubieran abonado, y haciéndoles abonar todos los gastos derivados de la retirada de la cláusula suelo”.

Aunque referido a la entidad BBVA, este caso tiene relación con la práctica que, según denunció la plataforma, también aplican otras entidades financiera.

Caja Rural de Navarra en concreto comenzó a contactar con sus clientes afectados para eliminar la cláusula suelo de sus hipotecas, a quienes ofrecía una serie de ventajas entre las que no se encontraba la devolución de las cantidades anteriores.

Ante esta oferta, la asociación de usuarios Irache de Navarra recomendó no firmar las modificaciones que, según denunció, “son inferiores a lo que puede conseguir el consumidor en los tribunales, siguiendo la jurisprudencia dictada acerca de esta cuestión”. La sentencia dictada por el juzgado donostiarra viene a confirmar este extremo.

Por otro lado, la plataforma Stop Desahucios Gipuzkoa recordó que ha convocado para este sábado a las 10.30 horas en el CRAJ de San Sebastián una asamblea ciudadana abierta para que los afectados por la cláusula suelo de Gipuzkoa puedan organizar una acción conjunta que bien pudiera conllevar la presentación de “demandas masivas de nulidad” de la misma. - E.P./N.G.