El Consejo General de la Abogacía Española ha elevado su más contundente queja a las autoridades europeas y húngaras, tanto por el empleo de gases lacrimógenos y cañones de agua contra los migrantes concentrados en la frontera de Hungría con Serbia, como por las sanciones penales impuestas a las personas refugiadas que han cruzado esa frontera en los últimos días.

La Abogacía Española recuerda que Hungría es un país integrado en la Unión Europea desde 2004 y por tanto viene obligado a cumplir las normas comunes de asilo y refugio.

En ningún caso se justifica el uso de material represivo contra seres humanos que huyen de una guerra y que están al límite de sus fuerzas tras haber recorrido miles de kilómetros en condiciones infrahumanas.

Tampoco tiene justificación alguna que las autoridades húngaras consideren el mero cruce de la frontera un delito que puede ser penado con entre uno y tres años de cárcel, y hasta con cinco años en caso de que afecte a las vallas o concertinas instaladas para frenar a las personas refugiadas.

La Abogacía institucional ha reiterado en múltiples ocasiones que las políticas migratorias deben respetar los Derechos Humanos. Hoy es inconcebible que un país de la Unión vulnere manifiestamente las leyes que constituyen los pilares esenciales de la construcción europea.

Si el gobierno húngaro persiste en mantener este maltrato inhumano, manifiestamente desproporcionado e ilegal, las autoridades europeas deberán imponer sanciones.