Javier Peñalba

Todas las personas son iguales ante la ley. Este principio recogido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos no siempre fue respetado. Históricamente, no todas las personas han recibido el mismo tratamiento en los tribunales de justicia. Y tampoco gozaron de las mismas armas jurídicas. En décadas no muy lejanas, ni siquiera los abogados estaban al alcance de cualquier ciudadano. Las clases más favorecidas siempre los tuvieron más cerca. Pero esta situación se empezó a revertir hace veinte años.

El 12 de julio de 1996 entró en vigor la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita. La nueva norma marcó un antes y un después, y unificó la dispersa legislación que hasta entonces la había regulado. «La ley tenía como objeto inicial asegurar que quienes acreditaran una insuficiencia de recursos económicos no se vieran privados del acceso a la tutela judicial efectiva», afirma Lurdes Maiztegui, decana del colegio de Abogados de Gipuzkoa, institución que, con recursos públicos aportados por el Gobierno Vasco, organiza y gestiona el servicio «por mandato legal».

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Desde entonces, el número beneficiarios no ha hecho más que crecer y en el último año el incremento ha sido todavía más acusado. Según datos recogidos por el órgano de gobierno de los abogados, en el primer trimestre de 2015 se realizaron 1.621 designaciones y en el mismo periodo de este año se contabilizaron 1.929, casi un 20% más. «Este incremento, probablemente, responde a dos motivos: a la actual crisis, y a que los umbrales de los recursos económicos que fijan los límites para poder beneficiarse de esta asistencia se incrementaron. De esta forma, el abanico de los posibles beneficiarios también creció», explica Maiztegui.

El reconocimiento al derecho está vinculado a los recursos económicos de los solicitantes

Con la suma que aporta el Gobierno Vasco, unas 25.000 personas se beneficiarán este año

Al tratarse de un servicio público, los fondos son aportados por el Departamento de Justicia del Ejecutivo autonómico. Este año invierte 14,5 millones de euros -la misma cantidad que en 2015- para que las personas en situación de especial vulnerabilidad tengan acceso total y gratuito a la Administración de Justicia en Euskadi. Del total del importe, el Gobierno autorizó ya un primer gasto de 10.897.745 euros destinado para este fin a los colegios de abogados y procuradores de la comunidad. De ellos, 3,2 fueron destinados al Colegio de Abogados de Gipuzkoa y casi 128.000 euros al de procuradores del territorio.

Quiénes tienen derecho

El reconocimiento al derecho a la Justicia Gratuita está vinculado a los recursos económicos de los solicitantes. Lurdes Maiztegui explica que la ley permite acogerse a la prestación a unidades familiares con diferente número de miembros. Los de un único integrante pueden beneficiarse siempre y cuando sus ingresos, en el cómputo anual, no superen los 12.780,26 euros. Pero no son los únicos. «Si son dos o tres los miembros del núcleo, el límite se establece en 15.975,33 euros, y en el caso de que sean cuatro los integrantes de la familia, la cantidad se sitúa en 19.170,39. Hay más posibilidades, pero éstas son las más habituales», señala la decana de los abogados quien, asimismo, recuerda que a la hora de la concesión se tiene en cuenta también la existencia de bienes inmuebles que no constituyan la vivienda habitual del que solicita y los rendimientos del capital mobiliario. «En la actualidad también se extiende, independientemente de los recursos económicos, a determinados colectivos desfavorecidos, entre otros a las víctimas de violencia de género, terrorismo, trata de seres humanos o menores», señala.

La ayuda jurídica gratuita, fundamentalmente, permite la asistencia y defensa de los derechos del justiciable por parte de un abogado adscrito bien al Turno de Oficio, al de Asistencia al Detenido, ya sea en las especialidades de penal, extranjería y menores, o al Turno de Asistencia de Violencia Doméstica o agresiones sexuales.

6.400 asignaciones

El servicio está organizado y gestionado por los colegios profesionales vascos. Se trata de mandato legal. El año pasado, 43.800 abogados estuvieron inscritos en el turno de oficio en todo el Estado, de los que el 47% eran mujeres. En el mismo periodo, el Colegio de Gipuzkoa realizó 6.492 designaciones de turno de oficio y de asistencia al detenido, y 1.301 de violencia doméstica y agresiones sexuales, de las que se encargaron 800 letrados. «Podemos, por tanto, afirmar que los abogados somos los que con nuestro compromiso de prestar el servicio público de la asistencia jurídica gratuita, posibilitamos que la tutela judicial efectiva prevista en la Constitución, se haga real», afirma Lourdes Maiztegui.

Se estima que con los recursos que porta el Gobierno Vasco, unas 25.000 personas se beneficiarán este año en Euskadi. «Cueste lo que cueste y sea lo que sea, hay que llegar al 100% de la demanda. Afortunadamente es nuestra 'niña bonita' y nos llega para pagarla», afirman desde el departamento vasco de Justicia.

Del total de beneficiarios, alrededor de 3.000 serán mujeres víctimas de la violencia de género o de agresiones sexuales. Los colegios de abogados ponen a disposición de este turno especial un total de 8 profesionales titulares y 7 de refuerzo en caso de necesidad: 4 titulares en Bizkaia y 3 de refuerzo; 3 en Gipuzkoa y 2 de refuerzo, y 1 titular y 2 de refuerzo en Araba.

Igualmente, realizarán otras 5.000 asistencias legales en los centros penitenciarios de Euskadi. Así, los letrados del Colegio de Abogados de Gipuzkoa acuden los martes y viernes a la cárcel de Martutene. En Araba van dos horas al día, de lunes a viernes, a la cárcel de Zaballa-Nanclares de Oca, mientras que los vizcaínos atienden a las personas presas en Basauri dos horas también al día de lunes a viernes.

«En el caso de Gipuzkoa es difícil afirmar que haya un perfil del usuario porque hay hombres, mujeres, menores, mayores... La necesidad de defensa es muy variada», afirma Lurdes Maiztegui.