DONOSTIA- La Secretaría General de Instituciones Penitenciarias del Ministerio del Interior está evaluando el cierre de la cárcel de Martutene “por obsoleto”, pero siempre bajo la premisa de construir otro que cubra las necesidades de la población reclusa de Gipuzkoa, además de abrir un Centro de Inserción Social (CIS) para los presos de tercer grado. La decana del Colegio de Abogados de Gipuzkoa, Lurdes Maiztegui, confirmó ayer a este periódico los planes previstos. “Valoran que se trata de un tema complejo, pero su intención es mantener la existencia de un centro penitenciario”, indicó ayer la abogada, según ha podido conocer de fuentes cercanas a la negociación.

Este nuevo planteamiento supone un giro de la versión oficial que se ha mantenido hasta ahora, en la que se especulaba con el cierre de la prisión de Martutene sin plantear, salvo un CIS, ninguna otra infraestructura que la sustituya. El debate abierto, de rabiosa actualidad, dará hoy un salto al Congreso de los Diputados, donde el jeltzale Mikel Legarda preguntará durante la sesión de control al ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, “cuándo va a proceder al cierre de la prisión de Martutene”.

A este respecto, se plantea un problema de tiempos. Un compás de espera en el que la urgencia por la liberación de los terrenos debido a los intereses urbanísticos para proseguir con la segunda fase de Txomin Enea colisiona a corto y medio plazo con la falta de alternativas previstas para los presos de segundo grado. Una cárcel no se construye de un día para otro y trasladarlos a la prisión alavesa de Zaballa, siquiera temporalmente, sería “irresponsable, una barbaridad e inviable”, en palabras de la titular del Juzgado de Vigilancia Penitenciaria del País Vasco, Ruth Alonso.

Ante esa disyuntiva, la decana defiende que “mantener” la existencia de una cárcel, en los términos planteados por Madrid, “es simultanear en el tiempo la apertura de un nuevo centro penitenciario con el cierre del actual. La no simultaneidad -advierte Maiztegui- no es el mantenimiento”.

La máxima reponsable de la institución que representa al conjunto de letrados que ejercen la Abogacía en Gipuzkoa entiende que un hipotético traslado de los presos a Zaballa es “una solución ajena” a los derechos de la población reclusa porque, a su entender, sería añadir una sanción diferente a la que está obligado a cumplir el condenado.

INCERTIDUMBRE. La especulación en torno al futuro de la prisión de Martutene ha ido creciendo desde finales del año pasado, y su máximo exponente se vivió durante la primera semana de agosto, cuando se aventuró que Interior descartaba construir la cárcel de Zubieta para optar por un centro de reinserción social. Esta medida, según se especuló, habría sido tomada después de escuchar los argumentos de la Delegación de Gobierno en el País Vasco que encabeza Jesús Loza, de acuerdo con el Ayuntamiento de Donostia.

Durante este tiempo se ha vinculado el cierre del centro penitenciario con expresiones como “hipoteca urbanística de Txomin” o “desbloquear Txomin”, donde está prevista la construcción de 344 viviendas. La letrada se ha dirigido desde entonces en diferentes momentos tanto al anterior titular del Ministerio de Interior, el popular Juan Ignacio Zoido, como el actual, Fernando Grande-Marlaska.

La decana del Colegio de Abogados de Gipuzkoa entiende que el territorio necesita un centro penitenciario dimensionado. Durante más de 70 años, el de Martutene ha dado servicio a una población reclusa que ha venido ocupando un servicio que se ha ido adaptando con el transcurso de los años y la evolución del Derecho Penitenciario “hasta donde ha sido razonable”.

Gipuzkoa cuenta con una población de más de 720.000 habitantes, siendo además un territorio fronterizo. El centro penitenciario, según vienen observando desde el Colegio de Abogados, tiene actualmente un alto volumen de ingresos de personas que previamente estaban en libertad, en torno a 275 anuales.

La prisión de Martutene la ocupan actualmente unos 270 internos, 80 en tercer grado y 40 preventivos. Con el fin de evitar la sobreocupación, la “limitación ocupacional” obliga a trasladar internos a otros centros, incluso fuera de la Comunidad Autónoma Vasca. Durante este año se ha producido el traslado de 115 internos, muchos de ellos con arraigo en Gipuzkoa. Según fuentes consultadas, el centro dispone de “pocas o nulas posibilidades de clasificación interna” que están justificando traslados por incidentes regimentales graves, incompatibilidad entre internos y víctimas de sus delitos que a veces coinciden en prisión, separación de integrantes de bandas u organizaciones criminales para evitar la reproducción de esquemas delictivos en prisión, o el agotamiento de todas las posibilidades de tratamiento en el centro, como regresiones de grado o programas específicos de tratamiento de agresores sexuales que no se imparten en el centro. Son situaciones impensables hace 70 años. “Si no fuera por estas circunstancias, el número de internos que albergaría Martutene sería mayor al actual”, observan.

Así, la intención de la Administración Penitenciaria de mantener la existencia de un centro penitenciario en Gipuzkoa viene justificada porque el posible traslado a Zaballa de reclusos en régimen cerrado no respetaría los derechos de la población reclusa. Casi un centenar de presos suscribieron en agosto un comunicado en el que se oponían al cierre “por motivos de arraigo social”, opinión que suscriben los letrados consultados.

“Debe evitarse el desarraigo social de los internos”, subraya Maiztegui, “así como el coste y dificultades que supone el traslado a otros territorios de familias”, generalmente, con escasos recursos económicos. “Supone alejarlos de las sedes de los órganos judiciales y de sus abogados. Se produce también un desarraigo institucional ya que es necesario que los internos estén empadronados en Gipuzkoa para poder acceder a recursos institucionales de inserción socio-laboral”.

Algunos de los internos, de hecho, se encuentran empadronados en el centro penitenciario al carecer de arraigo familiar en el territorio. “Si se cierra el centro ya no se les podría derivar a estos recursos”, asegura la decana, quien alude t ambién al arraigo sanitario, el acceso a especialistas y los programas de toxicomanías que exigen su empadronamiento en Gipuzkoa.

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