El secretario de Estado de Justicia, Luis López Guerra, anunció ayer que el Gobierno presentará en un “medio plazo” un proyecto de ley para la regulación del acceso al ejercicio de la Abogacía y de la Procuraduría con el objeto de “mejorar el derecho de defensa y garantizar la tutela judicial efectiva”.

Así lo expuso López Guerra en la Comisión de Justicia del Senado al ser preguntado por el senador del PP Evaristo Nogueira sobre la valoración que hace el Gobierno de las escuelas de práctica jurídica dependientes de los Colegios de Abogados.

El secretario de Estado respondió que la valoración por parte del Gobierno a este respecto es positiva, dado que ello supone “una especialización y mejora del derecho de defensa” y señaló que en el proyecto de ley que se está elaborando “la fase de formación tendrá un papel importante” y con ello las escuelas de práctica jurídica.

Por ello será “imprescindible”, explicó, consultar con el Consejo General de la Abogacía, así como con los rectores y todos aquellos “elementos vinculados con la formación”, ya que “está en juego el derecho fundamental a la defensa”.

Sobre la iniciativa legislativa anunciada, el senador del PP manifestó que “no habría mejor noticia para la Abogacía que una ley de acceso a la profesión de abogado” y destacó que su puesta en marcha “nos equipararía a la Unión Europea y a Marruecos”.

Las preguntas de Evaristo Nogueira al secretario de Estado se centraron, fundamentalmente, en el acceso de los abogados a los atestados policiales y judiciales y si el Gobierno tiene previsto actualizar la retribución de los abogados inscritos en el turno de oficio.

Para López Guerra, es necesario que los abogados tengan todos los datos necesarios para ejercer el derecho constitucional a la defensa, aunque recordó que por el momento no existe una previsión legal en cuanto a la obligación de entregar el atestado “ni en fase policial ni en fase judicial”, por lo que estimó “no cabe dar instrucciones a los titulares del Poder Judicial” en ese sentido.

Actualmente, añadió, existe una “ausencia de normas que lo prevean y también que lo prohíban” y barajó tres posibilidades como solución a ese vacío legal.

Recordó en este sentido que en la Comisión de Seguimiento de los juicios rápidos se adoptó la decisión de que el Consejo General del Poder Judicial comunicara de nuevo a las Salas de Gobierno de los órganos judiciales el contenido del protocolo en el procedimiento de enjuiciamiento rápido.

Este protocolo indica la conveniencia de que los abogados dispongan de una copia del atestado desde el momento en que el juez incoe diligencias urgentes.

Habló también de la actuación del Ministerio Fiscal para hacer valer el derecho de defensa y destacó que el fiscal general del Estado ha dirigido una instrucción a todas las Fiscalías para que los fiscales insten el traslado del atestado a la defensa.

Por último barajó la posibilidad de reformar la Ley de Enjuiciamiento Criminal “para instaurar de forma mandataria el acceso de la Abogacía a los atestados”, aunque observó que el conocimiento de lo que en ellos se recoge puede perjudicar las investigaciones y a la intimidad de las personas, por lo que abogó por “encontrar un equilibrio entre ambos derechos”, el de defensa y el de la intimidad.

“Por prudencia -manifestó- habría que avanzar en fases diversas” y de este modo plantear una primera fase en la que sólo se tuviera acceso al atestado judicial y “si esto es suficiente no sería necesario tenerlo en una fase anterior”, la policial.

Sobre las retribuciones a los abogados del turno de oficio, López Guerra indicó que en los presupuestos para 2005 se ha aumentado en 9 millones de euros esa retribución, pasando de un presupuesto total de 15 millones a 24 millones de euros, con el objeto de “eliminar los retrasos en el pago a los abogados del turno de oficio a causa de desajustes presupuestarios”.

Valoró asimismo la labor del turno de oficio tanto en el derecho de defensa como en la asistencia jurídica y resaltó que cuenta con un gran número de actuaciones derivadas de denuncias por malos tratos, un total de 47.320.

Adelantó además que está prevista una ampliación del convenio entre el Ministerio de Justicia y el Consejo de la Abogacía para implantar un servicio de asistencia jurídica en situaciones de violencia doméstica y que en los próximos seis meses se crearán 14 juzgados sólo para delitos de violencia doméstica, de los que doce corresponderán a comunidades autónomas con competencias en materia de Justicia.