Las víctimas de malos tratos verán ampliadas desde el próximo 28 de enero de 2005 las prestaciones sociales y económicas a las que tienen derecho gracias a la entrada en vigor de la Ley Integral contra la Violencia de Género, publicada en el BOE el 29/12/04, y que será de aplicación 30 días después.

La nueva legislación, primera de carácter integral en toda la UE, recibió el refrendo definitivo del Parlamento el pasado 22 de diciembre y, además, fue aprobada por unanimidad en las tres ocasiones en que se sometió a debate en el Congreso y el Senado (dos en la Cámara Baja y una en la Cámara Alta).

Ve la luz, por tanto, el primer proyecto de Ley remitido por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero al Congreso el pasado 25 de junio. No obstante, algunos de los aspectos más polémicos de la Ley, la tutela penal y procesal, tienen una 'vacatio legis' de seis meses, por lo que el agravamiento de penas a hombres que maltraten a sus parejas o ex parejas y los Juzgados de Violencia sobre la Mujer no verán la luz hasta finales de julio.

Entre cincuenta y ochenta millones anuales

La Ley abarca aspectos preventivos, educativos, sociales, asistenciales, sanitarios y penales y ha implicado a siete ministerios (Educación, Justicia, Interior, Trabajo y Asuntos Sociales, Sanidad, Administraciones Públicas y Economía). El Gobierno calcula un coste anual de entre 50 y 80 millones de euros hasta la implantación definitiva de todas las medidas previstas en la Ley.

Mientras tanto, las estadísticas oficiales (Instituto de la Mujer) elevan hasta 70 el número de mujeres muertas en 2004 a manos de sus maridos o ex maridos, tan sólo una fallecida menos que en 2003 y a falta de 10 diez días para que finalice el año (los datos están fechados a 20 de diciembre).

En cualquier caso, a finales del mes de enero entrarán en vigor toda una batería de medidas dirigidas a la prevención y protección de este tipo de violencia. Así, el sistema educativo deberá incluir entre sus fines y principios la formación en el respeto a la igualdad de mujeres y hombres.

Fondo autonómico

Para un efectivo reconocimiento del derecho a una asistencia social integral de las víctimas, se prevé la dotación de un fondo financiero durante los dos años siguientes a la entrada en vigor de esta Ley al que podrán acceder las Comunidades Autónomas (competentes en materia de servicios sociales).

Igualmente, la futura Ley recoge toda una serie de derechos sociales y laborales, como la prioridad en la adjudicación de viviendas, la reducción del tiempo de trabajo, la movilidad geográfica, la suspensión de relación laboral con reserva del puesto de trabajo y la extinción del contrato. En estos dos últimos casos con derecho a la protección por desempleo.

Al mismo tiempo, contempla un programa de inserción laboral para víctimas, con cobro de renta activa. Para quienes no puedan seguir el programa, se establece una ayuda económica. El texto también incluye actuaciones de detección precoz en materia sanitaria y programas de sensibilización y formación de personal sanitario.

Protocolos sanitarios

Así, recoge el establecimiento de protocolos sanitarios de actuación para la prevención, la detección precoz y la intervención continuada. En los protocolos se establecerá expresamente la colaboración con la Administración de Justicia.

En materia policial, establece la creación o refuerzo de unidades especializadas en el Cuerpo Nacional de Policía y en la Guardia Civil y se abre el cauce para la cooperación de las policías locales. También se prevén los cursos de formación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad módulos de igualdad y no discriminación.

Por otro lado, se facilitará a los condenados por actos de violencia contra la mujer el acceso a programas específicos de rehabilitación, y las juntas de tratamiento valorarán estos cursos a la hora de otorgar beneficios penitenciarios a los condenados por violencia de género. Finalmente, la norma contempla campañas informativas de prevención y sensibilización y convierte en ilícita la publicidad sexista.