Entre las enmiendas transaccionales acordadas, destaca la rebaja de 6 a 5 años del periodo de "vacatio legis" previo a la entrada en vigor

La Comisión de Justicia del Congreso dio hoy luz verde al Proyecto de Ley sobre el acceso a las profesiones de Abogado y Procurador, aprobado por el Consejo de Ministros el pasado 23 de diciembre, que regula las condiciones de obtención del título profesional del abogado y el título profesional de procurador de los tribunales, como colaboradores en el ejercicio del derecho fundamental a la tutela efectiva. El texto ha sido respaldado por todos los grupos parlamentarios, excepto el PP.

La reforma, que iniciará ahora su trámite en el Senado, propone la eliminación de otros centros de formación distintos de las universidades y las escuelas de práctica jurídica en la impartición de los cursos de capacitación profesional para la práctica de la abogacía o la procura.

Respecto a las prácticas externas, la ley establece que éstas deben ocupar exactamente la mitad del contenido formativo de los cursos de formación tanto de los abogados como de los procuradores.

La normativa subraya la relevancia de la formación práctica, por lo que conjuga la idoneidad formativa de la universidad con el acervo de experiencia de los colegios profesionales. También establece para garantizar de forma objetiva la capacitación profesional del licenciado en Derecho una evaluación general, creando para ello una comisión plural con representación de los sectores universitarios y profesionales afectados.

Entre las enmiendas transaccionales acordadas en la ponencia, destaca la rebaja de 6 a 5 años del periodo de "vacatio legis" previo a la entrada en vigor de esta norma, durante el que no se exigirá ni el título profesional de abogado ni el título profesional de procurador de los tribunales para colegiarse y ejercer las respectivas profesiones, con el fin de que no se quiebren las expectativas de los actuales estudiantes de la licenciatura en Derecho.

Otras enmiendas transaccionales se refieren a la realización de prácticas bajo la tutela de un abogado, la incorporación en el contenido de formación de programas relativos al Derecho propio de la Comunidad Autónoma y la obligatoriedad de que las universidades descarten los convenios con los colegios profesionales de manera motivada y no arbitrariamente.

PRIMACIA DE LAS UNIVERSIDADES

En su defensa de las enmiendas presentadas por el Grupo Popular, el diputado Juan Santaella criticó la prevalencia de la universidad frente a las escuelas de práctica jurídica y la desaparición de la figura tradicional del pasante, como ayudante de los abogados durante su periodo de formación. "La pasantía tiene que ser otro medio de acceso a la formación", señaló el diputado popular, quien insistió en que en el Proyecto "prima el enfoque dado por los rectores de las universidad", lo que calificó de "lamentable".

Santaella aseguró que la formación de postgrado que recoge la ley "no garantiza la capacidad profesional de los abogados" y añadió que la norma "confunde la licenciatura en Derecho con su formación". Así, recordó que el 7% de los abogados considera que la mejor formación práctica es la que se realiza en los despachos de los abogados, seguida de la efectuada en las escuelas de práctica jurídica, mientras que, según enfatizó, en el último lugar se sitúa la formación impartida por las universidades.

Por su parte, el diputado socialista Álex Sáez Jubero defendió la iniciativa impulsada por el Ministerio de Justicia, al subrayar que "mejora el servicio público de la justicia dentro del conjunto de iniciativas emprendidas por el Gobierno para avanzar en la modernización de la Administración de Justicia".

EQUILIBRIO

Sáez Jubero apuntó que "la arquitectura del proyecto reúne el equilibrio necesario entre las universidades y los colegios profesionales" y sostuvo que "da importancia a la formación práctica fruto de la experiencia positiva de las escuelas de práctica jurídica y los cursos de postgrado".

En respuesta al diputado popular, Sáez Jubero aseguró no entender "la necesidad del PP de bloquear cualquier ley" promulgada por el Grupo Socialista, por lo que exhortó a los populares a oponerse siempre y cuando "tengan motivos para ello". Además, precisó no ver "diferencia sustancial" entre esta normativa con el proyecto presentado en 2002 por el Grupo Popular sobre la misma materia.

También se refirió a las mejoras introducidas en la ley a partir de las enmiendas presentadas por otros grupos parlamentarios. En concreto, mencionó el establecimiento de ayudas y becas para garantizar la igualdad de oportunidades, la eliminación de otros centros formativos distintos de las universidades y las escuelas de práctica, así como el aumento del contenido práctico de un tercio a la mitad del periodo formativo.

OTROS GRUPOS

En su intervención, el portavoz de CIU en la Comisión de Justicia, Jordí Jané, apeló a "la formación impartida por los colegios de abogados" a través de las escuelas de práctica jurídica "sin la necesidad de estar subordinadas a un convenio con las universidades".

Jané, que definió la ley como "necesaria, aunque precipitada", solicitó que se respeten las competencias de las comunidades autónomas, para que participen en el diseño del examen de aptitud o de los contenidos de la formación práctica posterior.

El respeto a la distribución competencial también fue defendido por otros grupos parlamentarios como el Grupo Mixto y el PNV, quienes criticaron también el amplio "vacatio legis" que establece la ley.

Por su parte, IU-ICV consideró "inadmisible" la equiparación de las universidades con las escuelas de práctica jurídica o con otros centros de formación, al considerar que "sólo las universidades pueden organizar los cursos de formación", por ser "el exponente del rigor científico", según dijo la diputada Isaura Navarro.