El Consejo General de la Abogacía Española (CGAE) reivindicó hoy el derecho a asistencia letrada de los inmigrantes a los que se deniega la entrada en España, independientemente de su situación en el país. El CGAE ya denunció en el "Informe de Fronteras Shengen" que no se aplican las normas de la Convención Europea de Derechos Humanos y las españolas a los inmigrantes que entran irregularmente por las fronteras.

De esta manera, el CGAE respalda a los colegios de abogados de Figueres y Guipúzcoa por tratar de "respetar sus derechos fundamentales y las leyes españolas" frente a las críticas vertidas por un portavoz del sindicato policial CEP, que declaró en un medio de comunicación que la decisión de ofrecer asistencia letrada "no es más que una maniobra" para "intentar poner abogados en la frontera, cobrar miles de euros con el turno de oficio y dar trabajo a numerosos abogados en paro.

Ante esto, el Consejo de la Abogacía recuerda que la Ley Orgánica de la Extranjería establece que "toda persona que sea sometida a un procedimiento que pueda comportar la denegación de su entrada en España debe tener asistencia letrada, de intérprete, conocer los motivos por los que no puede entrar y los recursos que puede interponer contra la decisión administrativa"

Asimismo, el CGAE precisa en un comunicado que el Tribunal Constitucional "reconoce a los extranjeros sometidos a un control por parte de los poderes públicos españoles en la frontera, el derecho a la tutela judicial efectiva".

Finalmente, los abogados aluden a unas declaraciones del presidente del Consejo de los Colegios de Abogados de Cataluña, Pere-Lluís Huguet, quien considera "absolutamente gratuitas" las citadas afirmaciones del sindicato, ya que, según dice, "demuestran una total ignorancia sobre la estructuración, funcionamiento y las compensaciones económicas del turno de oficio, ya que hay muchos Colegios de Abogados de todo el Estado que ofrecen esta asistencia de manera gratuita".

Pere-Lluís Huguet especifica que "el ordenamiento jurídico español contiene una serie de normas que son una garantía de los derechos de los ciudadanos y cuya defensa está encomendada a los abogados".