En el año 2014, y por iniciativa de SOLCOM, el Comité de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad consideró la necesidad de examinar la denuncia de:
“presuntas violaciones graves o sistemáticas del artículo 24 (derecho a la educación) de la Convención de los derechos de las personas con discapacidad por el Estado parte…” (CRPD/C/18/R.23, pág. 3).

El resultado de dicha Investigación fue un Informe de fecha 4/06/2017 (CRPD/C/18/R.23), en el que la conclusión principal de dicho primer Informe fue que, en efecto,

“23. El Comité considera que la información disponible revela violaciones al derecho a la educación inclusiva y de calidad principalmente vinculadas a la perpetuación, pese a las reformas desarrolladas, de las características de un sistema educativo que continúa excluyendo de la educación general, particularmente a personas con discapacidad intelectual o psicosocial y discapacidades múltiples...” (CRPD/C/18/R.23, pág. 7)

El pasado día 18 de marzo, SOLCOM comparecía ante el Comité para reiterar su denuncia tanto del incumplimiento de nuestro Estado, del articulado de la Convención, como de las recomendaciones y peticiones emitidas por el propio Comité en su informe del año 2018.

El Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas tras examinar la política educativa del estado español, ha vuelto a determinar que España incumple sistemáticamente con la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad y que aun cuando en los textos legislativos se habla de inclusión educativa, esta no es efectiva, ni real.

En este nuevo informe, el Comité da buena cuenta de todo lo aportado por el Gobierno para justificar la implementación de un sistema de educación inclusiva en nuestro país, pero entre otras cosas, el Comité se cuestiona la sostenibilidad del compromiso a todos los niveles del Estado parte hacia una educación inclusiva y de calidad en el sistema educativo ordinario, ya que como recalca han pasado 16 años desde la entrada en vigor de la Convención.

Tras este nuevo informe, queremos dar la máxima difusión entre todas los operadores jurídicos Involucrados en la educación inclusiva, para poder corregir las desigualdades y discriminaciones vividas hasta el momento por este alumnado.

Por ello el próximo 6 de septiembre, la Asociación SOLCOM, para la solidaridad comunitaria de las personas con diversidad funcional y la inclusión social, ha organizado, en colaboración con el Instituto de Derechos Humanos “Gregorio Peces-Barba” de la Universidad Carlos III de Madrid, en horario de mañana y en el Campus Puerta de Toledo de la Universidad Carlos III de Madrid, una importante jornada de reflexión y análisis sobre el alcance e implicaciones del reciente Informe sobre la Educación Inclusiva en España emitido por el Comité de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

Como es sabido, y a tenor de lo dispuesto en el art. 24 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, por la que vela dicho Comité, la educación inclusiva debe considerarse un derecho e implementarse con celeridad en España, puesto que así lo dispone la Constitución (CE), de acuerdo con el articulo 10.2 estamos obligados a interpretar el derecho a la educación conforme a la Convención y conforme al 96.1 la Convención forma parte de nuestro ordenamiento jurídico, y así lo recoge recientemente también el Tribunal Supremo.

El siguiente enlace: https://asociacionsolcom.org/jornada-informe-sobre-la-educacion-inclusiva-en-espana-y-ahora-que-hacer/ incluye el programa, formulario de inscripción, enlace para seguir online y más información sobre la misma